Con el objetivo de elevar los ingresos del sistema y reducir el déficit de las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que abordará el incremento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social en cuanto termine con la reforma del sistema de los autónomos que negocia con las asociaciones del colectivo y los agentes sociales y que espera llevar al Congreso en los próximos meses. Eso implicaría una subida de la cotización para aquellas personas que cobran más de 49.672,8 euros al año, que actualmente es el tope máximo de la base cotización del sistema de previsión, aunque el ministro Escrivá no precisó hasta qué nivel de ingresos llegaría la subida de las bases.

El objetivo del Ejecutivo es "llevar a los agentes sociales el cumplimiento de la recomendación número 5 del Pacto de Toledo, que pretende adecuar los rendimientos efectivos de las personas en términos de cotización manteniendo la proporcionalidad con la pensión recibida", dijo. Esta recomendación, que también es uno de los hitos del Plan de Recuperación, supone una revisión de la base máxima de cotización, de la mano de la pensión máxima, lo que ayudará a elevar los ingresos del sistema y a reducir su déficit, especialmente en el corto plazo, dado que el mayor gasto en pensiones derivado de la medida no empezará a notarse con fuerza hasta dentro de un tiempo.

Este denominado "destope" supone un incremento de las cotizaciones sociales que pagan las empresas por algo más de un millón de trabajadores, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia Tributaria. En concreto, cada 100 euros que se sube la base de cotización implican un alza de los costes laborales de 29,9 euros para las empresas, pero también implica una rebaja del sueldo neto para los trabajadores de otros 6,35 euros. Por ello, la medida puede ser muy perjudicial para muchas empresas que se mueven en los tramos salariales más elevados, como es el caso del suministro de energía, la banca, la industria del tabaco, la farmacéutica, la química o las telecomunicaciones. Y, aunque puede suponer un lastre para algunos trabajadores en estos sectores de cara a ulteriores mejoras salariales, también puede ser beneficiosa para algunos, especialmente aquellos con contratos más protegidos y cerca de la jubilación.

Esta subida de las bases de cotización ha cobrado protagonismo en los últimos días debido a distintos malentendidos. En primer lugar, el PSOE introdujo por error una enmienda de Podemos que incluía el "destope" de las bases de cotización. Y, aunque la medida ha quedado revocada finalmente, la diputada de Podemos Isabel Franco anunció ayer por la mañana "un acuerdo" con Escrivá para iniciar las negociaciones sobre este tema. Sin embargo, Escrivá negó que hubiera un pacto concreto sobre el tema, si bien señaló que se trata de una materia prevista por el Ejecutivo. Así, el ministro de Seguridad Social indicó que primero "lo acordamos dentro del Gobierno y lo llevamos a discusión con los agentes sociales". "Formamos parte de un mismo Gobierno. Obviamente que acordaremos dentro del Gobierno y lo llevaremos al diálogo social, siempre lo hemos hecho así", subrayó.

Aunque Podemos ha reivindicado en numerosas ocasiones esta medida como una fórmula de castigo a las rentas más altas, el ministro Escrivá plantea la subida de las bases máximas de cotización como una vía para elevar los ingresos del sistema. Hay que tener en cuenta que algo más de un millón de trabajadores se sitúan por encima de las bases máximas de cotización actuales, por lo que una fuerte subida de esta cantidad (por ejemplo, del 20%), lograría recaudar en torno a 3.500 millones de euros. Es decir, una cifra nada desdeñable, aunque relativamente escasa si se tiene en cuenta que el coste de actualizar las pensiones con el Índice de Precios este año puede ascender a 12.600 millones de euros.

Sin embargo, también hay que valorar que esta cifra solo se lograría en el caso de que la medida no supusiera una merma del empleo o un freno a las mejoras salariales, ya que en caso contrario la cifra se vería limitada. Además, a pesar de que a corto plazo pueda suponer una fuerte inyección de dinero al sistema, en el largo plazo la situación sería algo distinta, ya que obligaría a elevar las pensiones máximas, en correspondencia, y el Banco de España calcula que cada euro aportado por los cotizantes redunda en 1,72 euros de pensión tras la jubilación.