El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández De Cos, insistió en que es necesario asumir que "hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida y, es ineludible, lo único que podemos hacer es repartirla". El pacto de rentas que el supervisor reclama desde hace meses entró en vía muerta tras la ruptura de las negociaciones para un acuerdo salarial entre sindicatos y patronal. Aunque el tejido productivo y los empleados lo han venido aplicando de forma tácita en los últimos meses (los primeros absorbiendo parte importante del alza de los costes y los segundos pactando alzas salariales aún lejanas de media al IPC), el gobernador avisó ayer de que ya se detecta "un cierto agotamiento en este pacto de rentas implícito", al tiempo que se ha registrado un aumento de las cláusulas de indexación salarial con el IPC en los primeros meses de este año.

Para incomodidad del Gobierno, De Cos recordó ayer que la economía española se encontraba al cierre del primer trimestre todavía 3,4 puntos de PIB por debajo de los niveles prepandemia mientras que en la zona euro se superó ya en 0,5 puntos, e insistió en que la institución revisará a la baja este mismo mes sus previsiones de crecimiento para España.

Sin embargo, tras las críticas de Escrivá, el grupo socialista bajó ayer el diapasón. Así, mientras que la oposición de centroderecha, con el PP a la cabeza, aplaudía el baño de realidad que representan el informe del Banco de España, el PSOE agradecía el "trabajo serio y riguroso" de la institución y prefería destacar los aspectos positivos: "Todos los análisis resaltan la importancia y lo acertado de las políticas desarrolladas por España y la UE en estos dos últimos años", señalaba el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Casares, quien añadía que han sido unas políticas públicas "eficaces y en la dirección correcta, como también lo señala el propio informe anual del Banco de España".

A pesar de ello, el gobernador del Banco de España fue meridianamente claro sobre las pensiones: "De acuerdo con las estimaciones del impacto de las medidas adoptadas en la primera fase de la reforma, son necesarias medidas adicionales para equilibrar el sistema". En esa primera fase, el Gobierno ha tumbado el factor de sostenibilidad y vinculado la revalorización de las pensiones al IPC, decisiones que, según proyecciones de la Airef y de Bruselas que ayer citó De Cos, dispararían el gasto en hasta 4,3 puntos de PIB de aquí a 2050 en ausencia de otras medidas. El gobernador metió el dedo en la llaga al recordar que las reformas aprobadas en 2011 y 2013, la primera bajo el mandato de Zapatero y la segunda con Rajoy en la Moncloa, "mejoraban de manera significativa la sostenibilidad financiera del sistema en el medio plazo", aunque a costa de reducir la tasa de beneficio. Respecto al aumento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para atajar su déficit, Hernández de Cos advirtió que ese mero trasvase tendrá "un efecto nulo sobre el conjunto de las cuentas de las Administraciones Públicas y, por tanto, sobre su sostenibilidad". Sobre las penalizaciones para frenar la jubilación anticipada y los incentivos para impulsar la demorada, que el Gobierno calcula que reducirán el gasto entre 1,1 y 1,6 puntos de PIB en el horizonte de 2050, el supervisor alertó de que esa efectividad "está sujeta a una elevada incertidumbre".

De Cos volvió a defender la necesidad de incorporar mecanismos automáticos de ajuste "que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas", a semejanza de lo que han hecho países europeos como Alemania, Suecia, Italia o Portugal. El supervisor se reafirmaba así en su posición y salía al paso de las duras críticas de Escrivá, quien hace diez días rechazó de plano estos mecanismos porque, a su juicio, han mostrado un "fracaso abrumador".