Bruselas obligó a España a reformar la tarifa regulada como condición para avalar el tope al precio del gas que el Gobierno ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Según el borrador del real decreto que publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado, "una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)".

Pese a que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha limitado a anunciar que el Ejecutivo explorará la reforma de la tarifa regulada para reducir la volatilidad a partir de 2023, el diablo se esconde en los detalles. El Gobierno no actúa 'motu propio', sino por órdenes de la Comisión, como reconoce la letra pequeña del BOE. En Bruselas nunca ha gustado esta tarifa, que se ve como una medida intervencionista que distorsiona el mercado. Para las autoridades europeas, la tarifa regulada solo está justificada para proteger a colectivos vulnerables acotados Para las autoridades europeas, la tarifa regulada solo está justificada para proteger a colectivos vulnerables acotados, como serían los 1,3 millones de españoles que reciben el bono social para afrontar los precios de la electricidad.

Sin embargo, el número total de hogares acogido al PVPC supera los 10 millones, por lo que poco más el 10% estaría en esta situación. Ahora, se abre la puerta para reformar el funcionamiento de esta particularidad española en el medio plazo, como contraprestación a la excepción ibérica que Bruselas ha permitido en el corto.

En el borrador de real decreto en el que trabaja el Gobierno, el Ejecutivo admite que la subida de precios del mercado diario e intradiario y su alta volatilidad "han perjudicado especialmente a los pequeños consumidores domésticos con potencia contratada menor o igual 10 kW, que se encuentran acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor, entre los que se encuentran los consumidores vulnerables con derecho a la aplicación del bono social". Y añade: "Esta traslación directa de la volatilidad y del elevado precio del mercado diario e intradiario al PVPC se debe a que la metodología para establecer el coste de la energía emplea exclusivamente el precio del mercado diario e intradiario en cada hora". Es decir, avala los argumentos de las eléctricas para defender el traslado al mercado libre, cristalizados en las polémicas declaraciones proferidas la semana pasada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

El real decreto presenta el tope al gas como un paso previo al nuevo PVPC. "Se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y esta entra en vigor de forma efectiva, lo que no es inmediato", dice. En una nota de prensa, el Ministerio de Transición Ecológica fija el nuevo diseño de la tarifa regulada para principios de 2023. El pasado mes de octubre, el Ejecutivo ya lanzó una consulta pública para emprender la reforma, pero la ministra atribuyó los escasos avances a una falta de consenso entre las asociaciones de consumidores.

En la rueda de prensa de este viernes, Ribera ha reconocido que el diseño actual favorece la volatilidad, por lo que la intención del Gobierno -ahora sabemos que bajo presión de las autoridades europeas- es incluir una referencia a los mercados de futuros para que la tarifa sea más estable, más allá de la montaña rusa del 'pool'. Hasta ahora, ha justificado la también vicepresidenta tercera, esto no ha sido posible debido a la escasa liquidez y a los elevados precios del mercado español.