Lo hace siguiendo la propuesta que el Comité de Expertos para la reforma fiscal hizo hace apenas dos meses. La pandemia, la ralentización de la recuperación económica por el golpe del conflicto ucraniano, la inflación y la subida de los costes energéticos han servido para que no se haya dado aún el paso, pero el Ejecutivo sigue empeñado en llevarlo a cabo «en cuanto las circunstancias mejoren, porque hay margen», explicaron fuentes gubernamentales.

Y así se refleja en el Programa Nacional de Reformas hasta el año 2025, en el que el Gobierno se compromete a llevar a cabo las recomendaciones de sus expertos en materia de hidrocarburos. Según reza el texto remitido a Bruselas, se «tomarán en consideración las recomendaciones recogidas en el informe del Comité de Expertos para la reforma fiscal y recogerá la revisión de la tributación sobre la matriculación y circulación de vehículos y una nueva normativa sobre los impuestos sobre gases fluorados y los hidrocarburos». Por tanto, se plantea una revisión al alza de sendos impuestos para esta legislatura, ya que se menciona que «estas medidas forman parte de la actualización del sistema fiscal prevista en el Plan de Recuperación» aprobado por la UE. De momento, Montero solo se ha atrevido a activar este año el incremento del impuesto de matriculación, que tenía que haber entrado en vigor en enero de 2021 y que una enmienda de la Ley de Lucha contra el Fraude paralizó seis meses después.

Respecto a una posible subida del impuesto de Hidrocarburos, el Ejecutivo también deja clara su postura en sus planes para 2022-2025 enviados a Bruselas. En este caso, reconoce que su intención es elevar tanto la fiscalidad de la gasolina como la del diésel -la que más afecta a empresas, profesionales y autónomos-. Según anuncia, se buscará «la equiparación progresiva de los tipos impositivos de los carburantes en atención a su poder contaminante» para cumplir su compromiso «con el hito 389» en las obligaciones contraídas con la Comisión Europea para acceder a los fondos de ayuda.

Esta medida rubricaría también los compromisos adquiridos en el acuerdo de los socios de Gobierno en términos de política fiscal medioambiental, comprometidos también ante la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. Únicamente, el temor a un nuevo levantamiento de transportistas y autónomos por el elevado precio de los carburantes ha impedido que hayan dado ya el paso y haber acelerado la aprobación de esta medida como pretendían. Sin embargo, y para que quede constancia, Hacienda ya lo ha plasmado por escrito ante Bruselas, aunque no lo llevará a cabo al menos hasta que se rebajen los costes energéticos y finalice el periodo de descuentos subvencionados -20 céntimos por litro en el repostaje-, en vigor hasta el próximo 30 de junio. Pese a ello, baraja ya una posible fecha para iniciar estos cambios fiscales: «Cuarto trimestre de 2022». Aunque dependerá de las circunstancias.

Según hizo público la Agencia Tributaria en su informe mensual de recaudación, en el primer trimestre de 2022 las arcas del Estado han ingresado un total de 2.854 millones de euros por el impuesto especial de hidrocarburos, con un aumento del 19,2% en su rentabilidad -aunque también se incluye la factura del gas-. Sólo en el mes de marzo, la recaudación del impuesto creció un 17,1%. El sector energético estima que, con la recaudación de IVA y el impuesto especial de hidrocarburos, Hacienda ha ingresado cerca de 4.000 millones de euros más, aunque se reconoce que ha habido un menor consumo por el alto precio.