De cumplirse estas previsiones, el saldo del componente exclusivamente contributivo de la Seguridad Social (ingresos por cotizaciones menos gasto en pensiones contributivas) cerraría 2022 con un saldo negativo de unos 10.500 millones, 0,8 puntos del PIB. Aunque se trata de una cantidad aminorada por las transferencias que realizará el Estado para costear los denominados gastos impropios. Sin ellos, este déficit se elevaría a 28.800 millones de euros (2,3 puntos de PIB). Con estos datos, el gasto público en pensiones subirá en 2022 a 174.000 millones para pagar pensiones contributivas y no contributivas, a lo que habrá que sumar otros 18.000 millones de las pensiones de las clases pasivas. En total, estas cantidades significarán destinar a pensiones el 13,6% del PIB este año ya, 1,3 puntos más que antes de la pandemia.

Pero la nueva situación de crisis y la obligación de revalorizar todas las pensiones al IPC van a empeorar más las cuentas de la Seguridad Social en 2023. Así, la hipótesis elaborada por este economista ha estimado un incremento del gasto en pensiones del 8,4% el próximo año. Este porcentaje estaría determinado por un incremento de la inflación media anual en noviembre del 6% -el Banco de España acaba de estimar que el IPC medio anual quedará en el 7,5%-, a lo que habría que sumar un 1,1% por el aumento del número de pensiones y otro 1,3% por el efecto sustitución (las pensiones que entran al sistema son mayores que las que salen).

Por tanto, un incremento del 8,4% del gasto en pensiones supondría un gasto adicional de 13.923 millones hasta alcanzar los 166.700 millones de euros en pensiones de la Seguridad Social y otros 1.500 millones de las clases pasivas, hasta los 19.400 millones. En total, el gasto público en pensiones rondará los citados 188.500 millones en 2023, el 14% del PIB (este cálculo ha tenido en cuenta un crecimiento anual del PIB nominal del 6,5% en 2022 y del 5% en 2023).

Al tiempo, aun previendo que se cumplan las estimaciones de recaudación por cotizaciones en 2023 (considerando que las bases no absorberán toda la inflación sino solo la mitad (3%), a lo que suma ciertos deslizamientos (0,5%) y una ligera alza del empleo (1,5%), los ingresos aumentarán un 5%, 3,4 puntos por debajo de lo que subirá el gasto (8,4%). Esto elevará el déficit contributivo a 15.200 millones el próximo año (el 1,2% del PIB). Y todo esto podría ser aún más caro si la inflación fuera superior al 6% medio anual, porque cada punto de IPC cuesta 1.700 millones más.

Con todo, ha podido servir para mostrar la inconsistencia de la decisión de vincular las subidas de las pensiones al IPC sin otras medidas compensatorias, lo que "genera importantes repercusiones negativas en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y un deterioro de la equidad entre generaciones", indica. Y, junto a esta consideración, se advierte también de que si las bases de cotización (asimiladas a los salarios) evolucionan tan alto como lo está haciendo la inflación, esto generaría los denominados efectos de segunda ronda, que terminarían afectando a la competitividad de la economía española y a su empleo.