La CNMV duplicó el año pasado sus multas a entidades por malas prácticas al alcanzar los 6,37 millones, frente a los 3,23 millones del ejercicio precedente. En la tendencia contraria, el Banco de España redujo un tercio sus sanciones al pasar de 12,4 millones en 2020, a 4,3 millones en 2021. Las penalizaciones de la Dirección General de Seguros y Pensiones aumentaron un 40% el año pasado, hasta 392.000 euros, frente a los 176.013 anteriores. En total, los supervisores españoles de los mercados financieros impusieron en 2021 penalizaciones por once millones de euros, según los datos publicados por estos organismos en este periodo, independientemente de que los hechos sancionados hayan ocurrido en ejercicios anteriores.

El mayor castigo de la CNMV, de 2,07 millones, fue para la ya desaparecida Q-Renta por dos infracciones muy graves. El mayor, de 2 millones de multa, se impuso por la inadecuada gestión de conflictos de interés en la operativa de gestión y asesoramiento sobre valores cotizados en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según el supervisor. A esto se suman 75.000 euros por deficiencias en los registros de órdenes y en el control y organización interna de la entidad. La CNMV paralizó en 2018 los reembolsos en los fondos Annapurna y Esfera Renta Variable, cuya gestión estaba delegada en Q-Renta. Los fondos fueron después trasladados a Trea.

CaixaBank recibió el año pasado la segunda mayor sanción, de dos millones de euros, por el incumplimiento de recabar información de los clientes para evaluar la conveniencia de contratar productos financieros complejos. CaixaBank no ha recurrido esta multa, según la información de la CNMV. Sobre la gestora británica MAN Group recayó un castigo de 400.000 euros, que tampoco ha sido recurrido. En este caso, la infracción -muy grave, según el supervisor- se centra en el incumplimiento de las obligaciones de notificación y publicación de posiciones cortas en cotizadas.

David Martínez Guzmán- magnate mexicano y mayor accionista de Sabadell, con el 3,495% del banco- recibió una factura de 300.000 euros por incumplir el deber de información y comunicación a la CNMV sobre participaciones significativas en acciones de la entidad financiera. Lo mismo ha hecho Santander, ya que tampoco está de acuerdo con el castigo de 300.000 euros que le impuso la Comisión Nacional de Valores por el incumplimiento de recabar información de los clientes minoristas para evaluar la conveniencia de contratar determinados productos.

Por información privilegiada relacionada con Popular, la CNMV sancionó a Sara Zárate Lacalle, exempleada del banco, y a Alberto Muñoz, exalto directivo de la entidad, con 15.000 y 150.000 euros respectivamente. El mayor castigo impuesto por el Banco de España, de 1,08 millones, tras una rebaja del 40%, recayó en 2021 en Ibercaja por una infracción grave relacionada con la entrega de información previa a un contrato y con el cálculo de la TAE (tasa anual equivalente).