La Asamblea de Madrid ha dado luz verde, con los votos de PP y Vox, al recorte de medio punto en los cinco tramos autonómicos del IRPF, la mayor rebaja de impuestos acometida en la historia de la Comunidad de Madrid. Fue la promesa estelar de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de 2019, pero la irrupción del Covid en 2020 y el descarrilamiento del gobierno de coalición con Cs en marzo de este año habían impedido materializarla hasta ahora. Tras su contundente victoria en las urnas el pasado 4 de mayo, la presidenta madrileña ha logrado ahora sacar adelante su compromiso.
La entrada en vigor de la nueva rebaja fiscal, que consolidará a Madrid como la región con el IRPF más bajo de toda España, será inmediata: se aplicará a partir del próximo 1 de enero y beneficiará a cerca de 2,5 millones de contribuyentes. El tipo mínimo se reducirá al 8,5%, frente al 9% actual, y el máximo al 20,5% (vs. el 21%).
En conjunto, los contribuyentes madrileños retendrán en sus bolsillos 334 millones de euros. En términos porcentuales, el mayor impacto positivo se producirá en las rentas bajas, con un ahorro estimado del 5,6% en la cuota íntegra autonómica, mientras que para las rentas altas el ahorro será del 2,4%. El gobierno de Díaz Ayuso estima que el grueso de los beneficiarios de esta medida (el 77%) tiene unos ingresos inferiores a los 33.000 euros anuales, con un ahorro estimado de entre el 4,4% y el 5,6% en la factura de la Renta.
Con este recorte, Madrid da un salto cuantitativo muy importante en el modelo de baja fiscalidad que comenzó a implantarse en la región hace 17 años. Desde 2007, los sucesivos gobiernos madrileños han aplicado, siempre bajo la batuta del PP, varias rebajas en los tramos autonómicos del IRPF (y ninguna subida), pero hasta ahora no se había acometido un recorte de esta magnitud.
Una rebaja que se produce, además, en plena ofensiva del Gobierno para armonizar tributos como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones y forzar así a Madrid a cobrar por estos impuestos, prácticamente inexistentes en la región (el primero está bonificado al 100% y el segundo al 99%). De hecho, el Gobierno ha puesto ya fecha a ese castigo fiscal a Madrid: el primer trimestre de 2023. Es la fecha comprometida por escrito con Bruselas para la entrada en vigor de la reforma del sistema tributario, que incorpora la promesa de aplicar una “armonización de la fiscalidad sobre el patrimonio”. Madrid ya ha dejado claro que utilizará todos los medios a su alcance para defender su competencia fiscal, que es la “piedra angular de su política económica y financiera”, tal como señaló ayer el consejero madrileño de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.
Uno de los argumentos que esgrimen Sánchez y sus socios, entre ellos el PNV, es que estas rebajas tributarias redundan en menores ingresos por recaudación para “luego exigir financiación autonómica al Estado”, algo que desmiente tajantemente Madrid. De hecho, el gobierno regional defiende con cifras que después de cada rebaja del IRPF los ingresos no solo no mermaron, sino que crecieron.
Así, aumentaron en 358 millones en 2007 tras una rebaja de un punto repartida entre los cuatro tramos de la tarifa de la Renta; en 126 millones en 2014 cuando se aplicó otro recorte de 1,6 puntos repartido entre los diferentes tramos; en 573 millones en 2015 cuando se incluyó un primer tramo con un tipo marginal más bajo, y en 946 millones en 2018 tras recortar en medio punto el tramo mínimo. Sin olvidar que Madrid es la segunda región que más recauda después de Cataluña a pesar de tener un millón menos de habitantes y con impuestos mucho más bajos.