Tanto la inflación como la economía sumergida tienen que ver con este asunto. El sistema fiscal español no deflacta las tarifas. Una subida de precios como la actual, al 5,6%, se traslada a los impuestos de manera casi inmediata. Así, el impacto de la crisis del coronavirus ha sido mayor en sectores donde la economía sumergida está más presente. Aunque sin datos oficiales, el acceso a los Ertes y las ayudas han podido aflorar gran parte de este trabajo en negro.

La espiral inflacionista española afecta de pleno a los ingresos del Estado. El Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa interanual en el 5,6%, dos décimas más que en octubre y su nivel más alto registrado en 29 años, desde septiembre de 1992, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que encaja con las previsiones.

Esta subida de precios se aprecia de forma directa en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A mayor precio, mayor recaudación. Los ingresos homogéneos del IVA crecieron hasta octubre un 12,8%, según el último informe de recaudación tributaria de la Aeat. Si la referencia es 2019, los ingresos mensuales prácticamente son los mismos que los de aquel año, pero en las declaraciones trimestrales de las pymes el crecimiento del mes de octubre de este año supuso un salto que permite que en el acumulado del año las cifras ya estén por encima de 2019 (+1,3%) y, con ello, que también el conjunto de ingresos brutos sobrepase la recaudación de 2019 (+0,4% frente al -0,6% anterior).

También afecta de forma especial a la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades. Las empresas tienen un mayor margen de incremento de los precios que de los costes. De esta forma, se está produciendo un incremento fantasma de los beneficios empresariales por la inflación. «A mí lo que me preocupa es que la inflación no se ha corregido todavía», apunta el economista Javier Santacruz. «Si indexamos el aumento de la recaudación con la propia inflación, en realidad lo que se ve es que hay impuestos, como es el caso de la Renta, donde los ingresos están bajando. Todos los ingresos que vemos ahora son brutos», añade.

El otro aspecto, aunque más cuestionado, que explica el aumento de la recaudación es la economía sumergida. La afiliación de noviembre, en 19.752.359 cotizantes, es la mayor de la serie histórica, mientras que el desempleo ha caído en 74.381 personas, hasta los 3.182.687. Es la mayor caída en un noviembre y la cifra más baja de parados de este mes desde 2008.

Esta situación hace que muchos analistas apunten a una posible salida de muchos trabajadores del empleo sumergido para acceder a las ayudas por el Covid, como los Ertes o los fondos europeos. Aunque no hay datos oficiales, la digitalización de la economía y el aumento del control de las subvenciones hacen más difícil el fraude en este sentido. «Normalmente en las crisis la economía sumergida tiende a aumentar», apunta el director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo. «Sin embargo, esta ha sido una crisis muy atípica y puede que se haya producido el efecto contrario. Ha afectado a los sectores en los que tradicionalmente había más economía sumergida y, a su vez, ha favorecido a los más digitalizados, que suelen ser los que menos defraudan en este sentido», explica.

Sin embargo, las encuestas que elabora el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, revelan que siete de cada 10 españoles creen que la economía sumergida ha ido en aumento. Diego Sánchez de la Cruz, director del Foro Regulación Inteligente (FRI), opina que «más que por la economía sumergida, la mejora recaudatoria es consecuencia de las sucesivas subidas de impuestos, el rebote económico respecto a 2020 y el impacto de la inflación en las figuras tributarias asociadas al consumo».

Según el último estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional, la economía sumergida supuso en España un 17,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017. Es decir, más del 17% del dinero que se mueve en el país es en B. «Los expertos en esta materia recalcan que un menor uso del efectivo redunda en menos actividad irregular, pero también insisten en que más impuestos y más costes regulatorios tienen el efecto contrario», apunta el economista Diego Sánchez de la Cruz.