Tal y como alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la pandemia y el esfuerzo temporal extra de los Estados también han puesto de relieve, si no se sabía ya, el impacto que tienen las jubilaciones y su configuración actual en la sostenibilidad de las finanzas públicas de los países. La OCDE, por ello, urgió a las capitales a tomar medidas de cara a asegurar el equilibrio en el medio y largo plazo. Y resumió que los Gobiernos tienen a grandes rasgos tres opciones, o una mezcla de ellas: mayores cotizaciones, trabajar más años o pensiones más bajas.

En el caso español, como es habitual cuando analiza de forma individual cada país, el organismo con sede en París no mostró una hoja de ruta clara a seguir ni criticó abiertamente y sin reservas una medida en concreto. Sí dio, sin embargo, una serie de pinceladas alrededor de todo lo que rodea a la actual reforma de pensiones y a los vaivenes que ha sufrido el sistema a lo largo de los últimos ejercicios.

Por un lado, como ya ha hecho en otras ocasiones, la OCDE recomendó elevar la edad efectiva de jubilación (la edad real a la que se jubilan los españoles) a la vez que se incrementa la edad legal hasta los 67 años. Por otro, cargó contra el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, a la par que sugirió ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, una medida que se está debatiendo en el seno del Gobierno y que ya ha enfrentado en varias ocasiones a los dos socios del Ejecutivo.

Hay datos a mansalva, insistió la organización, que muestran la urgencia de afrontar esta problemática en España. Por ejemplo, se espera que en el año 2050 el país tenga 78 mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años, un total de 25 jubilados más que en la media de la OCDE (53). También, que la población en edad de trabajar hasta 2060 caiga en España un 32%, 22 puntos más que en la media de la organización. A su vez, según el informe Pensions at Glance (Pensiones de un vistazo), se prevé que el gasto en pensiones, hoy en el equivalente al 11,3% del PIB frente al 9% de media, se vaya disparando con el paso de las décadas.

De cara a la reforma que recientemente ha sustituido el factor de sostenibilidad, ideado por el antiguo Gobierno de Mariano Rajoy, por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, la OCDE señaló que la medida ni siquiera reduce el coste de indexar las pensiones a la inflación.

De esta forma, el club de los países ricos minimizó el impacto que puede llegar a tener en el medio y largo plazo la nueva herramienta que eleva las cotizaciones en 0,6 puntos (a repartir entre empresa y trabajador con 0,5 y 0,1 puntos, respectivamente). El plan del Gobierno es aumentar las cotizaciones durante un periodo de 10 años para afrontar la subida del gasto por la jubilación de la generación del baby boom. Sin embargo, adujo la OCDE, la medida solo recaudará un 2,3% del PIB cuando solo la indexación de las pensiones al IPC supondrá un sobrecoste equivalente al 1,4% anual del PIB en 2030 y al 2,6% a partir de 2050.

La novedad, reconoció la entidad que preside el australiano Mathias Cormann, podría llegar a ser útil temporalmente, pero no bastará ni de lejos para compensar el incremento del gasto previsto.