El CGPJ cumple este sábado un récord de tres años en funciones con la esperanza de que el acuerdo entre Gobierno y PP para su renovación, prácticamente cerrado, cristalice antes de fin de año, para lo cual la clave será concretar cómo será en el futuro el sistema de elección de sus vocales. En público las posiciones no han variado y ambas partes culpan a la otra del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, de cuyas negociaciones se ocupan los hombres de confianza de Pedro Sánchez y Pablo Casado, es decir, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Fuentes gubernamentales reconocen a Efe “contactos discretos” con el PP para alcanzar un acuerdo y desde el PSOE confían en que la estabilidad de la legislatura con los presupuestos encarrilados, se traslade al Consejo, más aún tras demostrar que “el consenso es posible” por la reciente renovación de otros órganos constitucionales. Mientras que los populares condicionan la renovación a su exigencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en próximas renovaciones los jueces elijan a doce de los veinte vocales, los de extracción judicial, como -recuerdan- pide la UE.

Pero de puertas adentro el escenario es otro. Fuentes próximas a las negociaciones señalan a Efe que el acuerdo está prácticamente cerrado, falta encontrar el momento de anunciarlo y cómo hacerlo. Porque su culminación está condicionada a ofrecer al PP una salida o vía de escape para que justifique públicamente el acuerdo ante su electorado. No le vale con un compromiso del Gobierno para estudiar el modelo de renovación de los vocales a futuro, quiere una iniciativa parlamentaria conjunta o bien una comisión de trabajo.

Además, las fuentes consideran que con la excepción del juez Ricardo de Prada, a quien sigue queriendo vetar el PP, “los nombres ya no son el problema” habida cuenta de los perfiles que se han elegido para la renovación del Constitucional, con especial atención al catedrático propuesto por el PP, Enrique Arnaldo. Precisamente la renovación del TC y otros cargos de órganos constitucionales abre la puerta a facilitar el acuerdo del CGPJ pues son varias las fuentes consultadas que entienden que “el momento propicio es ahora” y que difícilmente la opinión pública en general y el sector jurídico en particular podrían entender que se demore más el asunto, tras ver como en un día PP y PSOE se pusieron de acuerdo para la renovación de estas instituciones.

Desde el Consejo comparten este mismo diagnóstico haciendo hincapié en que “ya no valen excusas” porque “la imagen del Poder Judicial está siendo degradada” tras un tiempo récord de interinidad, de ahí que las informaciones que manejan apuntan a “un posible acuerdo antes de fin de año”. Algunos vocales consultados por Efe se aventuran en prestar atención a la semana del 13 al 20 de diciembre por las informaciones que les han hecho llegar, pero lo hacen con “todas las prudencias” y “no mucha esperanza” porque son conscientes de los intentos fallidos hasta la fecha cuando todo apuntaba a que era inminente.

Independientemente de cuando cristalizará el acuerdo, los vocales afirman tener “las maletas hechas desde hace mucho tiempo” por “estar en la interinidad más absoluta”, especialmente tras la última ley que les impide realizar nombramientos, muy contestada abiertamente por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Porque esta situación tiene particularmente en vilo al Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno advertía hace dos meses de que de no cubrirse las vacantes en el tribunal por el bloqueo en la renovación del CGPJ el escenario será “insostenible” e implicará que “se dictarán mil sentencias menos al año”, por lo que considera “imprescindible” actuar para evitar el “colapso” del tribunal.