La Comisión Europea simplificó este lunes las normas para que los países faciliten el acceso a financiación de riesgo a pymes, startups y empresas de capitalización media que tienen dificultades para atraer inversiones, informó la institución en un comunicado. El Ejecutivo comunitario revisó las directrices sobre ayudas de Estado para impulsar inversiones financieras de riesgo, un “importante” instrumento que permite a los gobiernos del bloque utilizar ayudas públicas para asistir a empresas con potencial innovador que se enfrentan a dificultades para acceder a financiación en sus primeras etapas de vida.

El objetivo es “garantizar que estas compañías tienen acceso a financiación para sacar el mayor provecho de su potencial de crecimiento y de las transiciones verde y digital”, destacó la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Margrethe Vestager. Bruselas explicó que una “amplia consulta” concluyó que las directrices vigentes son adecuadas, pero también que necesitan “ajustes específicos” como aclaraciones de algunos conceptos y una mayor “simplificación” para facilitar la aplicación de las reglas.

Así, a partir del 1 de enero de 2022 sólo se exigirá un análisis sobre las necesidades de financiación de la empresa en aquellas operaciones con mayor riesgo o de mayor tamaño, como aquellas con inversiones de más de 15 millones de euros. También se reducen las evidencias que los Estados miembros tienen que aportar para demostrar que la ayuda pública es necesaria en caso de pequeñas y medianas empresas que todavía no han realizado su primera operación comercial.

Por otro lado, la Comisión Europea revisó también las normas sobre seguros públicos sobre créditos a la exportación a corto plazo, por ejemplo, para modificar los criterios de elegibilidad de pequeñas y medianas empresas que se pueden beneficiar de este tipo de apoyo. En este sentido, aprobó una última prórroga, hasta marzo de 2022, para la flexibilización de las normas que permiten que estas coberturas estatales sobre créditos a la exportación se puedan conceder en operaciones que hasta el inicio de la pandemia no estaban permitidas, como las que implican intercambios con el resto de la UE o con Estados Unidos.

En paralelo, los países de la Unión Europea han acordado este lunes una posición común sobre la propuesta para establecer salarios mínimos dignos en la Unión, un marco común europeo para mejorar la prosperidad y la cohesión social en el bloque. Después de negociar la iniciativa presentada por la Comisión Europea hace un año, los Veintisiete han acordado una base para promocionar salarios mínimos adecuados, impulsar la negociación colectiva y mejorar la protección de los trabajadores.