Así lo recogerá un real decreto ley que estará listo en las próximas semanas y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la normativa respetará los acuerdos alcanzados hasta la fecha entre el Gobierno y los sindicatos, permitiendo que estos empleados públicos puedan trabajar a distancia tres días semanales.

El anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta, cerró el pasado mes de abril un acuerdo con los principales sindicatos para regular el teletrabajo de los funcionarios. Este pacto, sin embargo, no llegó a hacerse efectivo mediante un real decreto, y en octubre el Gobierno restableció la vuelta a la presencialidad dando luz verde únicamente a un día de trabajo a distancia. Fuentes del CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, confían en que “en unos pocos días” el Ejecutivo se siente con los sindicatos para rubricar el nuevo acuerdo.

Lo que se pretende, según la ministra, es incentivar que haya empleados públicos en lugar de residencia en riesgo de despoblación sin que repercuta la calidad de la prestación del servicio público. Esta iniciativa nace después de la experiencia con la pandemia, que ha dejado aprendizajes para el buen impulso de este decreto, según Montero.

Ya en abril, el acuerdo alcanzado entre Iceta y los sindicatos contemplaba implementar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) para dar una oportunidad a las “zonas en declive poblacional”. También se barajaba un Plan de Captación del Talento para promover que los ciudadanos se orienten laboralmente a la función pública.

Con la vuelta a la presencialidad, CSIF propuso en septiembre un modelo híbrido definido por un 40% de presencia física y un 60% de trabajo a distancia. El sindicato instó a “poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración”.