La Comisión Europea valora permitir a los Gobiernos conceder ayudas públicas para impulsar la fabricación de chips en la Unión Europea la creación de fábricas de chips en la Unión Europea. ¿El objetivo? expandir la producción europea del 10% actual al 20% en la próxima década, y evitar futuros problemas de suministro, tras la escasez actual de semiconductores, producidos fundamentalmente en Asia, que ha obligado a paralizar la actividad de algunos fabricantes de automóviles y a retrasar la entrega de múltiples dispositivos electrónicos.

El ejecutivo comunitario, consciente de la dependencia de Europa de empresas asiáticas y estadounidenses en el suministro de los chips, ha advertido, no obstante, que estas ayudas estatales estarán sujetas “a fuertes salvaguardas” para evitar una “carrera de subsidios” y garantizar que los “beneficios son ampliamente compartidos y no generan discriminación” en la economía europea.

Esta posible puerta abierta a las ayudas públicas para favorecer la fabricación de chips en la UE busca, por tanto, fortalecer la soberanía tecnológica de Europa. Ya el pasado septiembre la Comisión Europea anunció planes para crear un nuevo “ecosistema” de fabricación de chips para mantener a la Unión Europea competitiva y autosuficiente. Ursula Von der Leyen, presidenta del Ejecutivo Comunitario avanzó en el Parlamento Europeo que presentarán una nueva Ley Europea de Chips. “Se trata de crear conjuntamente un ecosistema europeo de chips de última generación, que incluya su fabricación, garantice nuestra seguridad de suministro y desarrolle nuevos mercados para una tecnología europea pionera”, aseguró.

Este viernes, la vicepresidenta comunitaria Margrethe Vestager añadió que la Comisión “considerará aprobar apoyo para abordar posibles agujeros de financiación en el ecosistema de semiconductores, en particular para instalaciones europeas de primer orden”. La comisaria danesa remarcó que “cada caso para el suministro de semiconductores será evaluado rigurosamente en base a sus méritos para asegurar que los proyectos tienen naturaleza europea y evitan una carrera de subsidios dentro de la Unión y más allá”.

El comisario de Industria, Thierry Breton, quiere que la estrategia incluya la construcción de “mega-fábricas” de chips en Europa, pero levantar una de estas instalaciones, que cuestan hasta 30.000 millones de euros, o atraer fabricantes extranjeros, requeriría subsidios masivos para competir con otras potencias, advierten los expertos. “La autosuficiencia es una ilusión. Cuando se piensa en el tamaño que se necesita, está claro que ningún país ni empresa puede hacerlo solo, pero tampoco podemos depender solo de un país o empresa. Por ello el objetivo debería ser la diversificación entre socios con las mismas ideas, construir cadenas de suministro resilientes”, dijo Vestager.

Actualmente los Estados pueden conceder ayudas públicas para semiconductores a través del Proyecto Europeo de Interés Común (IPCEI) de microelectrónica, que reúne a Gobiernos y empresas, pero estas se limitan a investigación e innovación.

Los planes anunciados por Bruselas llegan pocos después de que Intel desvelara sus planes para construir al menos dos nuevas fábricas de chips en Europa con inversiones que podrían rondar los 80.000 millones de euros durante la próxima década, según anunció su consejero delegado, Pat Gelsinger. Las instalaciones de Intel en Europa contribuirán a que las cadenas de suministro sean más resistentes y al objetivo de la UE de duplicar su participación en la fabricación mundial de chips en el plazo señalado.

Pero la ambición de Bruselas topa con algunos obstáculos, como ya informó este periódico hace algunas semanas: el acceso a minerales de tierras raras fuera del bloque y la falta de interés por parte de las empresas para realizar enormes inversiones a menos que puedan operar las platas a plena capacidad para lograr su rentabilidad. Montar nuevas fábricas de chips implica tiempo y mucho capital, sobre todo para los chips de última generación. Se habla de entre 10.000 y 30.000 millones de dólares y de dos a tres años desde que arranca su construcción hasta que está operativa.