Los servicios públicos básicos, se dotan en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con 2.284 millones de euros, un 11,5% más que en 2021. En 2022 se prioriza la transformar y modernización la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos. Se prevé una dotación presupuestaria de 12,7 millones de euros para avanzar en la transformación de los más de 7.500 juzgados de Paz en oficinas municipales de justicia, cuya misión será la facilitar a la ciudadanía su relación con la Administración de Justicia.

De este importe, la participación del Ministerio para el desarrollo de esta política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación de 2.208 millones de euros, que supone un incremento de 232 millones de euros, un 11,8 por ciento. Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial en la política es de 76 millones de euros, lo que implica un incremento de un 4,2%. La adaptación y transformación del sistema de Justicia se ve impulsada especialmente este año por el marco económico que permiten los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR a, al objeto de mejorar la Administración de Justicia mediante su transformación digital.

En consecuencia, se continua el desarrollo del Plan de Justicia 2030, en cuyo marco los proyectos tractores de digitalización aumentan su dotación en 182 millones de euros. Se financiará, además, la creación de nuevas unidades judiciales, la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, así como la transformación de categorías de determinadas plazas de la Plantilla Fiscal. Dentro del importe global dotado para la política, se recogen 210 millones como anualidad prevista para 2022 en el marco del PRTR, al objeto de mejorarla capacidad que tiene la Justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la propia reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está llevando a cabo en el marco del programa de la Comisión Europea Structural Reform Support Programme, que financia la Comisión Europea, un programa para prestar asistencia técnica a los Estados miembros que acometen “reformas estructurales” en una serie de áreas, que incluye la de Justicia, debiendo los proyectos ir enfocados a las recomendaciones que la Comisión Europea hace a los Estados miembros sobre los objetivos de desarrollo sostenible.

Destacan en este ministerio, como novedad en los PGE 2022 respecto a los de 2021, las Becas para la preparación de oposiciones de las carreras judicial y fiscal, las Becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y Becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado.

Desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se destinan a financiar los “gastos de personal” integrantes de la política de Justicia alcanzan, en el ejercicio 2022, los 1.663 millones de euros. Este importe supone el 72,8% del total del presupuesto de la política de Justicia. Con estas dotaciones se financian la creación de nuevas unidades judiciales, la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, así como la transformación de categorías de determinadas plazas de la Plantilla Fiscal.