El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la prórroga del conocido como escudo social en materia de vivienda hasta el 31 de octubre. La protección actual, que incluye medidas como la suspensión de los desahucios a vulnerables, la ampliación de los alquileres y la prohibición del corte de suministros básicos, estaba vigente hasta el 9 de agosto.

Según han confirmado este jueves fuentes del Ejecutivo, la prórroga se ha acordado gracias a «un trabajo conjunto y coordinado entre todos los ministerios implicados» para ampliar las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2021. «Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, han concluido con el acuerdo para prorrogar este Real Decreto-ley», detallan.

Hasta la fecha, la única protección que estaba asegurada era la relativa a la suspensión de los desahucios de las familias en riesgo, siempre que pudiese acreditarse la vulnerabilidad económica y el juez encargado del proceso así lo corroborase. Debido al retraso en la aprobación de la ley de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabajaba en un nuevo decreto para extender de forma estructural la limitación de los desahucios hasta que la ley de vivienda se llevase al Consejo de Ministros.

Con la medida anunciada este jueves, además de la suspensión de los desahucios en las mismas condiciones, se prorroga la posibilidad de que los inquilinos vulnerables soliciten el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual siempre que el propietario sea un gran tenedor de vivienda, una definición en la que entran los titulares de 10 o más inmuebles.

También se prohíbe para primeras viviendas de las personas vulnerables el corte de suministros básicos, como son los de energía eléctrica, gas natural y agua y se amplía automáticamente la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.

El Gobierno aprobó por primera vez las medidas del escudo social el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia de Covid-19. Desde entonces se ha ido prorrogando el paquete, incluyendo en estas ampliaciones varias modificaciones que han culminado en el diseño actual.