El informe del Tribunal de Cuentas refleja que el balance de la Seguridad Social arroja un saldo negativo, por tercer año consecutivo, que asciende a 53.160,8 millones de euros (tras los 33.259,9 de 2018 y los 13.720,6 millones de 2017). Este agujero responde “de las operaciones de gestión ordinaria” del sistema, lo que indica que los recursos disponibles “resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos”, provocando “desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería”.

La solución adoptada, recuerda el organismo fiscalizador, ha sido la entrega por parte del Estado de préstamos a largo plazo a la Tesorería de la Seguridad Social, por valor de 10.192 millones en 2017, 13.830,1 millones en 2018 y 2019 y otro tanto en 2020, cuando se hizo además una segunda entrega por 16.500 millones.

“Este tipo de medidas coyunturales no pueden resolver los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, y no tienen reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2019, de 55.020,9 millones”, advierte el Tribunal de Cuentas, que recuerda que 17.168,7 millones fueron concedidos entre 1992 y 1999, sin que hayan sido aún devueltos.

Adicionalmente, destaca, el Estado ha aportado transferencias corrientes a la Seguridad Social por 1.339,9 millones en 2018; 1.933,9 en 2019 y 21.336,5 millones en 2020. “Se considera que es necesario promover y llevar a término las reformas precisas para resolver, de forma estable, esta situación y la de endeudamiento frente al Estado”, recuerda.