El Grupo de los Siete principales países industriales –Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos– podría acordar pronto un impuesto de este tipo para las multinacionales, según el Financial Times. Es menos ambiciosa que la tasa del 21% que propuso en abril la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, pero sigue siendo un paso importante. Trasladar los beneficios a paraísos como Irlanda no merece la pena si las empresas tienen que pagar a sus propios Gobiernos cualquier diferencia entre su factura fiscal y el mínimo global.

Sin embargo, la propuesta no cerrará todas las lagunas que permiten a las empresas evitar 500.000 millones de dólares de impuestos cada año, según un estudio de 2018. El tipo legal medio mundial de las empresas es del 24%, según las cifras del think tank Tax Foundation, por lo que todavía habría un incentivo para que algunos utilicen los paraísos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que supervisa las negociaciones mundiales sobre la normativa, calcula que un mínimo mundial del 12,5% recaudaría aproximadamente 90.000 millones de dólares. El nuevo mínimo del 15% aportaría más, pero no se acercaría a los 500.000 millones que faltan.

Los ministros de Hacienda podrían aplicar un tipo superior al 15% a los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas de su país. Pero los paraísos fiscales podrían entonces idear nuevos resortes para atraer a multinacionales como Google y Facebook. Tratos de favor sobre las cotizaciones laborales, los impuestos inmobiliarios y otras deducciones podrían sustituir a los bajos tipos generales. Aunque se recauden más impuestos, es probable que la nueva red devuelva gran parte del botín a Estados Unidos, en lugar de beneficiar a Francia, Gran Bretaña y a economías en desarrollo muy pobladas como la India.

El sector tecnológico, que es abrumadoramente estadounidense, representa el 20% de los ingresos mundiales, pero solo el 10% de los impuestos, calculan los analistas de Goldman Sachs. La propuesta que podría obtener el respaldo del G7 canalizaría más ingresos fiscales hacia Yellen, pero no necesariamente hacia nadie más. Países como Francia quieren reclamar una mayor parte de los beneficios generados localmente por los grupos digitales estadounidenses. A medida que los beneficios tecnológicos aumenten en los próximos años, estos países querrán una revisión aún mayor de las normas fiscales mundiales.