El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social que permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.

«No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos», ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias. En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumpin fiscal en determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de «poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global».

«La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo económico más inclusivo», ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia. A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de aquellas de renta media.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado este lunes que la reforma fiscal llegará «cuando haya recuperación económica», asegurando que «no va a ser una cuestión relativa a las elecciones». «Incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria electoral (de las generales, que tocaría a finales de 2023 de agotarse la legislatura), se pongan en marcha todas las medidas fiscales, si nos da tiempo, que se estimen oportunas», ha señalado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser.

En este sentido, ha avanzado que hasta que no se recupere el PIB prepandemia, a finales de 2022, no parece adecuado poner en marcha ninguna medida fiscal «realmente importante y transformadora». No obstante, sí se abre a que se puedan producir «pequeños ajustes» como los que se han planteado en el Presupuesto de este año y, sobre todo, los relativos con la fiscalidad medioambiental. Ante esto, Montero ha recalcado que la intención del Gobierno es poner en marcha las medidas fiscales «en el momento en las que son oportunas donde provocan estímulos y no contracción a la economía».

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha descartado ahora una subida de impuestos, aunque sí defiende una reforma fiscal adaptada al siglo XXI para luchar contra el fraude, la economía sumergida, mejorar la eficacia del gasto público e impulsar un crecimiento económico «verde». Invitada por el Foro SER Navarra, Calviño ha recordado durante un coloquio con los asistentes que la deuda publica adicional adquirida para hacer frente a la pandemia se empezará a reducir este mismo año, aunque «no prevemos un aumento de los impuestos en este momento».

Calviño, por otro lado, ha abogado por que las remuneraciones de los altos directivos del sector bancario se fijen en función de variables financieras, de la calidad del servicio y de la situación de sus trabajadores. Y sobre los despidos que plantean algunas entidades financieras, dijo que es un capital humano «que no podemos permitirnos desaprovechar».