El Gobierno se ha marcado el objetivo de elevar de forma gradual la base máxima de cotización para las pensiones antes de finalizar el año 2022, aunque su implementación abarcará de forma progresiva las próximas tres décadas a fin de asegurar su correcto despliegue. Así lo recoge el componente 30 del Plan de Recuperación remitido a Bruselas la semana pasada pero hecho público este miércoles, donde se añade que la medida estará acompañada de una adaptación de la pensión máxima en los mismos términos para no distorsionar el sistema. Es importante señalar que este componente, en su conjunto, “no conlleva costes o inversiones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”.

La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima “que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema. Que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano permite además adaptarse a los agentes económicos adecuadamente”, detalla el documento, que puntualiza que la reforma se elevará a debate en el seno del diálogo social y que no se prevén impedimentos relevantes para su aprobación.

Junto al alza de la base máxima de cotización, el Ejecutivo también quiere continuar con la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social puesta en marcha con los Presupuestos Generales del Estado, descargando al sistema de los conocidos gastos impropios y trasladándolos al Estado. Esta última medida, que ya se ha empezado a aplicar, se seguirá desplegando hasta 2023, cuando se aspira a lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.

La culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva del sistema “constituye un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo”, apunta el Gobierno. La reforma consiste en “la asunción por el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales”, limitando así la capacidad del sistema para afrontar el volumen de gasto. La reforma, añade el Ejecutivo, beneficia “a las cuentas del Estado en general y a las de la Seguridad Social en particular”.

Además de estas medidas, se propone una batería de reformas que también se llevarán a cabo antes de finalizar 2021. Las principales son la revalorización de las pensiones con el IPC para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y el acercamiento de la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64,6 años) a la edad legal.

Sobre la revalorización de las pensiones con el IPC, el Gobierno reconoce que conllevará un gasto importante para el sistema, que cifra en 2,5 puntos del PIB en 2050 para luego caer “de forma intensa”, aunque lo considera “asumible” en el conjunto de las reformas planteadas, ya que se pondrán en marcha otras medidas de contención del gasto. También cree que la reforma “sirve para generar confianza y reforzar el compromiso intergeneracional de las cohortes más jóvenes”.

En el documento, el Ejecutivo también muestra su intención de adaptar el periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, un cambio que se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023. También se pretende aprobar antes de finalizar 2022 la sustitución del factor de sostenibilidad por un “mecanismo de equidad intergeneracional”, un instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado.

Para la primera mitad del año 2022, por su parte, el Ejecutivo se ha marcado el objetivo de impulsar un nuevo sistema de cotización de autónomos en función de ingresos reales y de acelerar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial. El objetivo “es dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos que actualmente no tienen acceso a estos instrumentos de segundo pilar”.