Las discrepancias sobre los puntos concretos de la reforma de pensiones que pretende llevar a cabo el Gobierno con el mandato del Pacto de Toledo que se han puesto de manifiesto en la mesa de negociación abierta con los agentes sociales para avanzar en las modificaciones normativas que experimentará la Seguridad Social. Ya era conocido que uno de los puntos más avanzados en términos de consenso entre las partes es el de la fórmula de revalorización de las pensiones y había sido anunciado recientemente por el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, como uno de los primeros que verían la luz verde en el Diálogo Social para ser elevado a categoría de ley. Sin embargo, en las últimas reuniones, las presiones de los sindicatos contra una propuesta que eliminaba los supuestos de aumentos o ganancias de poder adquisitivo de las pensiones, obligaron al Ejecutivo en dar marcha atrás en la medida para reconsiderar este punto.

El estado de la cuestión, en este punto, pasa por el último compromiso por parte del Ejecutivo para subir las pensiones conforme al IPC sin que haya compensaciones por inflación negativa en los tres años siguientes, como recogía la propuesta inicial. «La garantía de revalorización del poder adquisitivo de las pensiones cada año con el IPC venía acompañada de una propuesta de que el IPC, cuando fuese negativo, y por tanto hubiese ganancia pequeña de poder adquisitivo, se devolviera en los años siguientes», recordaba el secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, tras la reunión en la que se sustanció el cambio de criterio.

Desde CCOO, apuntan que la renuncia del Gobierno a establecer compensaciones en la subida de las pensiones en caso de IPC negativos es «pasos que se van dando», pero quedan «muchas cosas que afinar» en torno a la reforma de las pensiones. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, apunta la dificultad para lograr este acuerdo porque ha habido bastantes «idas y venidas» con el sistema de revalorización de las futuras pensiones, y ha indicado que el Ejecutivo planteó algunas «fórmulas complejas de entender» que no garantizaban «con absoluta certeza» el mantenimiento del poder adquisitivo.

Pero la respuesta de los sindicatos no se ciñe al aspecto de la reforma que regulará las subidas anuales de estas prestaciones, sino que también afecta al punto del endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, donde el Gobierno buscar articular un esquema de incentivos para demorar la estancia en los puestos de trabajo, y agravar los supuestos en los que los empleados abandonan prematuramente el mercado laboral, para tratar de aproximar la edad legal de jubilación, que en España es de 66 años en 2021, con la edad real de retiro, que según datos del Banco de España se sitúa en 64,5 años.

De este modo, en relación a la propuesta en torno a los nuevos coeficientes de penalización de la jubilación anticipada y si podría ser un escollo más en la negociación, CCOO apunta que «podría serlo» porque hay que tener en cuenta que generalmente se producen porque las personas son «expulsadas del mercado de trabajo» y tienen «enormes dificultades» para volver a trabajar, por lo que cree que no sería «entendible» que se «endurecieran» los coeficientes de reducción de la cuantía de la pensión.

En el caso de las jubilaciones anticipadas voluntarias, el sindicato cree que la forma de que se «acomoden más a la edad legal de jubilación» no debe ser la «penalización» de esos coeficientes de reducción, sino «el incentivo a que puedan permanecer esos meses de más hasta que su edad legal de jubilación y la efectiva estén más alineadas». Sordo asegura en este sentido que no van a transigir con un «endurecimiento generalizado» de las condiciones de jubilación anticipadas, sino que «más bien al contrario». «Lo que estamos planteando es que las personas que vienen del desempleo, tengan mayores facilidades para poder acogerse a esas jubilaciones, que la mayoría de las veces no son voluntarias», apunta Sordo. El dirigente sindical reconoce que «todavía quedan bastantes cosas por negociar» para llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones y hay «muchas cosas que afinar».

En esta línea, desde UGT apuntaban que el Gobierno debe ser consciente de que muchas de las personas que se jubilan anticipadamente lo hacen por necesidad. Por ello, sostienen que su sindicato no va a aceptar que se ponga en marcha «ningún coeficiente» que empeore las condiciones de estos trabajadores. El secretario general, Pepe Álvarez, sostiene que seguir en el mercado laboral «no está al alcance físico de una parte importante de los trabajadores del país».

Sobre la marcha atrás del Ejecutivo en la propuesta de compensar las ganancias de poder de compra de los pensionistas con una vinculación de las subidas al IPC, tal y como viene aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa, el Banco de España advierte de que abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones de euros más sobre la ya abultada factura para 2050. En ausencia de medidas adicionales, se estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, un 2% del PIB en el año 2030 y en algo más del 3% del PIB en 2050. Cabe recordar que según los cálculos elaborados por Fedea, en un contexto económico de normalidad con crecimientos progresivos de la economía, la inflación media se encontraría en torno al 2%. Cada incremento en esta línea de la partida de las pensiones de jubilación eleva su coste anual en 2.400 millones de euros.

Pero no solo las principales entidades sindicales han discrepado en las últimas semanas con el Gobierno acerca de los planes para la reforma de pensiones. La misma patronal CEOE mostró sus reservas sobre la marcha atrás del Gobierno en las compensaciones de la subida de pensiones, que imprimen una senda de gasto comprometida para las finanzas de la Seguridad Social en el medio plazo, como advertía el regulador bancario.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señalaba sobre la retirada de la compensación cuando haya IPC negativo, que, si no siguen adelante con este mecanismo, «tendrán que plantear otro asunto para arreglar el problema». «El ministro había hecho un planteamiento respecto a la sostenibilidad conforme al crecimiento de las pensiones con el IPC, pero con una compensación en tres años para buscar el equilibrio. Parece que pueden buscar otra medida, pero lo que es cierto es que la sostenibilidad es la que nos está pidiendo Europa», asegura Garamendi al respecto.