El Gobierno pagará a las Comunidades el IVA pendiente de 2017 después de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a compensar con 182 millones de euros por la liquidación de ese ejercicio. La factura puede elevarse a 4.150 millones de euros. El Gobierno estudiará y cumplirá el fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad Autónoma los 182 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017, según han trasladado fuentes del Ministerio de Hacienda.
La sentencia, la primera dictada en España, abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación, aunque desde el Ejecutivo han asegurado que, si se paga a una, se pagará a todas. Las mismas fuentes de Hacienda han explicado que esta es una medida del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que en el año 2017 implementó el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, solo se contabilizaran 11 meses de autoliquidaciones de IVA. Esto generó, según dichas fuentes, un problema en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017, que el Gobierno trató de solventar incluyendo un cambio normativo en la liquidación del IVA. Sin embargo, PP y Cs votaron en contra.
Tras la sentencia conocida este martes, desde el Gobierno han defendido que, en cualquier caso, España es el país descentralizado que más ha protegido a los entes territoriales, remarcando que para 2021 los Presupuestos Generales del Estado ya contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para las comunidades autónomas. Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para asegurar que los 182 millones procedentes de la liquidación del IVA de 2017 lleguen «cuanto antes» a la Comunidad tras el fallo del Supremo y ha anunciado que esta cuantía se destinará íntegramente a la reactivación económica.
El presidente ha reseñado que el fallo del Supremo destaca que la Junta «siempre ha buscado el consenso y el acuerdo». «El Supremo dice que el Gobierno Sánchez ha vulnerado la lealtad institucional y la autonomía financiera de la Comunidad, Castilla y León gana y Sánchez Pierde». Tras esta reflexión ha reclamado al Gobierno que se convoque «cuanto antes» un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que esta cuantía se movilice y ha insistido en que se destinará a la reactivación económica. «A autónomos, pymes y empresarios, que son los que más han sufrido en pandemia», ha zanjado. Y es que, según ha apuntado el presidente autonómico, «las personas de Castilla y León son los verdaderos titulares de ese dinero».
Por su parte, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el fallo «es la demostración de que teníamos razón. Se dice claramente que habíamos intentado la vía de diálogo, siempre con la mano tendida al Gobierno para que escuchase nuestra posición, pero la única salida que nos ha dejado ha sido la vía judicial». Carriedo se ha congratulado de que el Supremo haya dejado claro que «la gente de Catilla y León ha pagado el IVA para que la Junta les preste servicios públicos y no para que el Gobierno se quede su dinero».