La Comisión Europea, que se adentra en los próximos días en una semana clave para la puesta en marcha definitiva del fondo de recuperación, reconoció este viernes que será imposible reducir el periodo de evaluación de dos meses al que deben someterse los respectivos planes nacionales que irán presentándose a lo largo de los próximos días y semanas, tal y como explicó un alto funcionario comunitario. A estos dos meses, además, se le suman los otros 30 días que tiene el Consejo para hacer lo propio, dilatando el proceso de aprobación hasta finales de julio.
Bruselas respondió así a la sutil petición que han ido lanzando en los últimos días un grupo de países, incluyendo a España, para que el Ejecutivo comunitario acelerase el ritmo de validación de los planes y que los socios pudiesen recibir el primer tramo de financiación con el que desplegar sus reformas e inversiones o, como en el caso español y si así fuese necesario, iniciar la emisión de deuda con la que adelantar los 27.000 millones de euros que el país tiene comprometidos para el año 2021. “Aunque trabajemos día y noche, con la cantidad de datos que hay por procesar, no veo que podamos reducirlo”, explicó la fuente comunitaria en referencia a este periodo de 60 días. Para ilustrar el volumen de documentación al que tendrán que hacer frente añadió incluso que el borrador de uno de los planes tiene cerca de 50.000 páginas.
El Ejecutivo comunitario espera recibir a lo largo de la semana que viene, antes de que venza el plazo del 30 de abril que fijó Bruselas, una docena de los planes de recuperación nacionales que definen los proyectos de inversiones y reformas con los que los 27 socios aspiran a transformar las economías nacionales y canalizar los más de 750.000 millones de euros que tienen asignados entre subvenciones y créditos blandos. Estos 12 planes, entre los que si nada cambia se encontrará el español, se unirán al de Portugal, que fue remitido oficialmente a la Comisión este jueves.
España aspira a llevar el plan al Consejo de Ministros de este martes para darle el visto bueno definitivo y poder enviarlo a Bruselas. Sin embargo, los ministerios implicados siguen trabajando para rematar los últimos flecos, por lo que cabe la opción de que vaya a un Consejo extraordinario antes de que termine la semana.
Con la recepción de los primeros documentos se abre una etapa de dos meses en la que el Ejecutivo comunitario tendrá que estudiarlos a fondo para darles el aprobado definitivo. Tras esos dos meses, los planes pasarán a manos del Consejo (los 27 países), que tendrá otras cuatro semanas para validarlos. El primer anticipo no llegaría hasta tener esa luz verde y se espera luego un primer pago semestral antes de fin de año.
El calendario, sin embargo, está en el aire. La Comisión asumió que será imposible recortar los plazos, con lo que fía que los socios puedan recibir ese segundo desembolso durante el año a que se hayan cumplido los objetivos concretos del plan de recuperación asignados a ese pago extra potencial. Los desembolsos, según matizó la fuente comunitaria, están vinculados a unos objetivos, y esas metas lo están a su vez a un calendario. De esta forma, “si un país quiere recibir un tramo adicional este año, tendrá que demostrar que todas las metas e hitos vinculados a la fecha se han cumplido totalmente”.
En el caso español esto se traduce en un primer anticipo de 9.000 millones de euros que sí estaría garantizado y, en función de la consecución de los hitos y objetivos, de un segundo tramo de 16.000 millones antes de que acabe el año 2021, sumando así los 27.000 millones comprometidos para el ejercicio.