El Tribunal Constitucional alemán rechazó este miércoles el recurso de urgencia que pretendía paralizar el fondo de recuperación europeo, de 750.000 millones de euros, allanando el camino a su ratificación definitiva. La Corte, con sede en Karlsruhe, admitió a trámite dicho recurso el 26 de marzo y dejó en suspenso la aprobación del fondo, que requiere de la unanimidad de los 27 miembros de la UE. Ahora, el alto tribunal desbloquea el programa ante la urgencia que comporta el plan de ayudas.

El análisis previo de los magistrados indica que “no es altamente probable que la sala encuentre una violación” de la normativa alemana. La demanda por el procedimiento de urgencia fue presentada por un grupo de economistas en torno al político Bernd Lucke, exlíder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD). El Constitucional, en todo caso, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.

El alto tribunal alemán sostiene en su escrito que retrasar la entrada en vigor de la decisión sobre los recursos propios “afectaría negativamente” al objetivo perseguido por la Unión Europea. Las desventajas resultantes de esta parálisis, señala, “podrían resultar irreversibles” y, dado que el instrumento de recuperación busca abordar las consecuencias de la pandemia de Covid-19 de forma inmediata y urgente, paralizarlo socavaría la reconstrucción económica. Por el contrario, matiza, “las desventajas que surgirían” si más adelante se declarara inconstitucional la ley “tienen un peso significativamente menor”.

De esta forma, los jueces asumen que es más pernicioso paralizar el proceso que dejarlo continuar mientras que lo analiza en profundidad, y rechazan tomar medidas cautelares. La reacción de alivio en el seno de la UE fue casi inmediata. “La UE mantiene el curso de su recuperación económica tras esta pandemia sin precedentes”, dijo en Twitter la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, nada más conocerse la decisión judicial. A su vez, el jefe de la Eurocámara, David Sassoli, celebró que tras el veredicto “el camino está despejado para que Alemania finalice la ratificación para financiar el fondo de recuperación de la UE”.

A priori, la decisión del tribunal germano supone un espaldarazo al plan de ayudas de 750.000 millones de euros diseñado por la UE en respuesta a la crisis del Covid-19 y podría evitar un retraso de los primeros desembolsos, aunque el fallo definitivo sigue pendiente. Aunque el recurso ante el Constitucional alemán era el asunto más delicado, que podía haber supuesto un severo bache en el reparto de fondos desde un inicio, su entrega sigue condicionada al visto bueno a la aportación de recursos propios que deben aprobar todos y cada uno de los socios comunitarios.

Este paso, clave para permitir que la Comisión pueda emitir deuda conjunta con la que financiar el programa, ya había sido dado por el Parlamento alemán, pero su presidente no llegó a rubricarlo por el recurso al Constitucional. También lo han avalado España y otros 16 países comunitarios. Sin embargo, sigue pendiente el visto bueno de Polonia, Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Estonia, Lituania, Austria, Rumanía y Bulgaria.

Aunque el paso está costando en Polonia, se espera que todos los países lo aprueben en semanas para tener desbloqueados los fondos de cara al verano, cuando están previstos los primeros pagos –en forma de anticipo– ligados a los planes de recuperación que están ultimando los países. Se trata de los programas de inversiones y reformas que cada Gobierno debe remitir a Bruselas antes de final de este mes para que la Comisión y el Consejo los ratifiquen en el plazo de dos y un mes, respectivamente. Con todo, se aspira a que los primeros planes sean aprobados a las puertas de julio.

A partir de ahí, por ejemplo, España recibiría un primer pago de 9.000 millones de anticipo y, más tarde, un abono de 16.000 millones en la segunda mitad del año, completando los 27.000 millones que tiene asignados para el año 2021. Desde 2022, el resto de desembolsos tendrán lugar de forma semestral, ligados al cumplimiento de hitos, hasta completar los 70.000 millones en subvenciones a finales de 2023 en el caso de España, que optará a otro tanto en créditos blandos hasta 2026.