La OCDE va en la misma línea que el resto de organismos multilaterales y respecto a España no sigue las directrices de Berlín: la institución con sede en París aboga por tener planes de ajuste a medio plazo, pero solo cuando la recuperación esté absolutamente encauzada. Y pide al Gobierno español que tenga listas ayudas adicionales a las empresas si la recuperación se retrasa.

Un informe de la OCDE de abril proporcionaba a España recetas para las principales reformas que se avecinan: por el lado fiscal recomendaba no subir impuestos hasta que la recuperación se afiance. Y se mostraba favorable a elevar el IVA, algo que reclama Bruselas y a lo que se niega en redondo el Gobierno. En cuanto a la reforma laboral, se centraba en el refuerzo de las políticas activas de empleo. Pero su próximo informe centrado en España es claro: el grupo de expertos de los países ricos desoye las presiones de Alemania y solo apuesta por un plan de consolidación fiscal a medio plazo, cuando la recuperación ya esté afianzada, en línea con los que propone el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Ese momento no ha llegado aún: el Gobierno acaba de rebajar la previsión de crecimiento para este año al 6,5%, y admite que la economía va camino de una doble recesión tras griparse en el primer trimestre. Lejos de pedir ajustes, la postura de la OCDE es la contraria: reclama a España que tenga listo un segundo plan de ayudas a las empresas, tras el aprobado en marzo, ante la posibilidad de que la reactivación se retrase y aumenten las compañías en riesgo de suspensión de pagos, según las fuentes consultadas. El Banco de España alerta desde hace meses del aumento de morosidad si se alarga la situación de pandemia.

España ha aprobado recientemente un plan de 11.000 millones en ayudas a las empresas. Pero apenas una de cada 12 empresas podrá obtener las ayudas directas, según estimaciones de EL PAÍS a partir de datos de Axesor, la Agencia Tributaria y la CEOE. “Entiendo que las empresas y familias que lo pasan mal pidan más ayudas”, admitía la vicepresidenta Nadia Calviño este fin de semana en una entrevista con este diario.

FMI: “No pueden permitirse dejar de gastar”. Los organismos internacionales no han ejercido ninguna presión por regresar a un escenario de ajustes. Y el apetito por la austeridad sigue bajo mínimos. Las conclusiones de la última misión a España del Fondo Monetario Internacional, el llamado Artículo IV, en noviembre, fueron claras: el Fondo subraya “la importancia de continuar con las medidas de apoyo de política económica hasta que la recuperación se encuentre firmemente encauzada”, recomendó la entidad, en línea con la OCDE o el Banco Mundial. El FMI hizo extensivo ese diagnóstico a toda Europa. Alfred Kammer, nuevo jefe del departamento europeo del organismo, aseguró el pasado octubre que los países de la UE “no pueden permitirse dejar de gastar”.

OCDE: Evitar un endurecimiento prematuro. En sus últimas perspectivas, de hace un mes, la OCDE condicionaba la evolución de la política fiscal al estado de la economía y el ritmo de vacunación. Y en su receta global contra la crisis llamaba a poner en marcha medidas rápidas y ambiciosas si fuera necesario, un consejo acompañado de una advertencia: “Debe evitarse un endurecimiento prematuro de la política fiscal”, exactamente lo que patrocinó Alemania en la reunión de marzo.

Bruselas, a favor de la flexibilidad. La Comisión Europea sugiere que continuará aplicando la cláusula general de escape de las reglas fiscales en 2022 y apunta que solo empezará a desactivarla a partir de 2023. Pero incluso entonces, el Ejecutivo comunitario propone seguir dando facilidades a los países que en ese momento no se hayan repuesto por completo (previsiblemente España e Italia), permitiéndoles usar “todas las flexibilidades” previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. “En las circunstancias actuales, los riesgos de hacer poco superan los de hacer demasiado”, según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.