La conformación del comité de expertos para la reforma del sistema tributario no es solo el primer paso para impulsar una revisión integral de los impuestos nacionales, sino también de los autonómicos y, a partir de ahí, para abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades, que lleva años pendiente de remodelarse.

El grupo constituido ayer, en todo caso, solo analizará las vías impositivas que alimentan las arcas regionales, mientras que otros factores como los criterios de reparto de los fondos en función de la población y otras magnitudes serán discutidas con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Teniendo en cuenta que el informe no estará listo hasta febrero de 2022, en todo caso, todo parece indicar que la reforma del modelo autonómico tardará aún en sustanciarse.

El diseño de la reforma tributaria sí que abordará un frente habitual de tensiones entre el Gobierno central y ciertas regiones: la intención de Hacienda de armonizar los impuestos autonómicos para exigir unos mínimos que eviten competencia fiscal entre territorios. La ministra del ramo, María Jesús Montero, aseguro que los expertos serán “libres para hacer el planteamiento que estimen conveniente” aunque no case con sus pretensiones.

El comité, asumió, deberá analizar “cómo se tiene que expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas o de qué manera hay que descentralizar algunos tributos para no producir asimetrías en el conjunto del territorio o dejar vacías de contenido algunas figuras fiscales, como ha ocurrido en alguna comunidad autónoma”, dijo, sin citar ejemplos, aunque el más recurrente es Madrid, que bonifica totalmente Patrimonio y con fuerza otros como el impuesto de sucesiones.

En todo caso, Montero anticipó que el informe de los expertos no será vinculante, pues una vez concluido, “el Gobierno lo escuchará y lo tomará en cuenta y finalmente adoptará su propia decisión”.