El Congreso ha aprobado por mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ya solo queda pendiente de su último trámite en el Senado y entre cuyos objetivos se incluyen acabar con la venta de coches de gasolina y diésel en 2040 [no destinados a usos comerciales], recortar emisiones y alcanzar la neutralidad climática del país en 2050.
La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde, -22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones- al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.
La futura ley ha sido apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Bildu, Teruel Existe y Ezquerra Republicana, mientras que el Partido Popular y Más País se han abstenido. Vox ha sido el único partido que ha votado en contra. En el Senado cuenta con carácter de tramitación de urgencia, de modo que, en este mismo mes de abril, seis años después de la firma del Acuerdo del Clima de París. Ha contado con más de 750 enmiendas.
Entre sus objetivos, la futura norma, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo: España deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990 [tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace casi un año] y 2050, año para alcanzar la neutralidad climática.
Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables [compatible con el cuidado del patrimonio natural].
También prevé una obligación a las empresas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, y trabajen en planes para reducir sus emisiones de gases invernadero. Concretamente, la enmienda mandata al Gobierno a fijar en el plazo de un año qué empresas con actividad en España están obligadas a calcular y publicar su huella de carbono, a partir de qué indicadores y su periodicidad. El debate de la ley ha llegado después de más de nueve meses desde que el proyecto entrara en la Cámara Baja y tras celebrarse cuatro sesiones de la ponencia que ha negociado el articulado del texto.
«Hoy es un día importante, en el que se aprueba una ley de clima enormemente ambiciosa como resultado de un trabajo conjunto sobre el que todavía, seguro, queda margen para seguir mejorando en una trayectoria que no es lineal, sino que debe incrementarse progresivamente conforme vayamos alcanzando velocidad de crucero en el tiempo por venir, porque en el cambio climático llegamos tarde», ha señalado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.