El Banco de España acaba de detallar que la Seguridad Social arrastra una deuda de 85.000 millones de euros. A esto se ha llegado tras varios préstamos de la década de los 90, cuando el sistema dejó de costear la sanidad, pero, sobre todo, por los prestamos realizados desde 2017 por parte del Estado para costear los déficits en los que incurre desde 2011 el sistema por tener menos ingresos que gastos y que no pudieron ser financiados en su integridad con el Fondo de Reserva.

Este fondo, que llegó a acumular casi 67.000 millones de euros y a rentar 4.000 millones al año, ha sido utilizado desde 2011 para lo que se creó: compensar los déficits de las pensiones contributivas. Y en la actualidad ya solo cuenta con una cantidad simbólica de en torno a 2.000 millones, según el último informe presentado en el Congreso de los Diputados.

Con estas maltrechas cuentas, el sistema de pensiones deberá afrontar desde 2025 un fuerte incremento del gasto en pensiones generado por el inicio de las jubilaciones de la generación más voluminosa del baby boom.

Sin embargo, el responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que los déficits anuales de 20.000 millones desaparecerán trasladando en esta legislatura el coste de gastos impropios del sistema al Estado –que se encontrará con estos números rojos cuando abandone la flexibilidad de la regla de gasto por la pandemia en 2023–. Además, Escrivá considera que para mantener a raya el incremento del gasto de los babyboomers será suficiente lograr aumentar la edad de retiro y acercarla a la legal, algo que aún queda muy lejos.