El Gobierno tiene previsto presentar “en las próximas semanas” al grupo de expertos que ha ido reuniendo para diseñar la reforma del sistema tributario español que debe permitir acercar la presión fiscal a la media europea, según anticipó este martes la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los miembros de esta comisión “están preseleccionados” y “han sido contactados”, reveló Montero, que sostuvo que el grupo no ha sido constituido antes porque el Ejecutivo ha estado “centrado en la lucha contra la pandemia”.

La titular de Hacienda avanzó que el comité “tendrá capacidad para tomar su tiempo en relación con el estudio de las diferentes figuras fiscales, pero es intención del Gobierno, y ojalá los tiempos acompañen, que se puedan presentar sus recomendaciones” a tiempo para acometer los primeros cambios impositivos “en el inicio del nuevo ejercicio presupuestario”.

Es decir, “para que puedan entrar en vigor en 2022” dentro de los Presupuestos Generales que el Ejecutivo tratará de impulsar para ese año, ya que “previamente es prácticamente imposible porque las figuras tributarias no se pueden regular por decreto ley”.

Montero aclaró que el grupo de expertos abordará las reformas fiscales que se han comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación que alimentarán las ayudas europeas en camino, con el objetivo de “incrementar el nivel de ingresos públicos respecto a lo que tenemos en comparación con otros países”.

Una diferencia de entre siete y nueve puntos de PIB, según el año analizado, según detalló un día antes al anunciar que el déficit había saltado del 2,86% al 10,97% del PIB en 2020, cuando la recaudación cayó un 8,8% (entre el avance del 1,1% del IRPF y el desplome del 32% en Sociedades).

En paralelo, la ministra de Hacienda avanzó que tratará de impulsar una reforma del modelo de financiación autonómica, abordando ya este año algunos de los aspectos “más controvertidos” como son el peso de la población ajustada según factores como el envejecimiento, la insularidad o la dispersión, “la clave de bóveda” sobre la que se diseña el reparto de fondos entre las autonomías.