El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está en vías de elaborar un Proyecto de Ley para impulsar la facilitación de creación de empresas.

La creación de empresas en España es un procedimiento burocrático lleno de costes asociados y que puede eternizarse de 4 a 6 meses. Entre que se consigue la certificación registral negativa de la denominación, y que se consigue la inscripción registral, puede pasar medio año.

A todo ello hay que añadirle la certificación bancaria del capital depositado, los estatutos sociales, la escritura del notario y su provisión de fondos.

Pero a todo ello luego hay que añadirle la inscripción registral y los costes del Registro. Siempre y cuando el Registrador no entienda que hay errores en los estatutos o en la misma escritura, en cuyo caso a veces hay que subsanar.

En definitiva, crear una empresa en España a veces es un laberinto burocrático muy poco intuitivo. Esto es lo que pretende resolver el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Esta iniciativa responde a las recomendaciones realizadas por los diferentes organismos internacionales en los últimos años para mejorar el clima de negocios y aumentar el tamaño y productividad de las empresas. La idea es eliminar los obstáculos a la creación y crecimiento empresarial.

Dichos obstáculos provienen de la propia normativa, del desigual acceso a la financiación y de las barreras al buen funcionamiento del mercado interior.

Uno de los obstáculos es el capital mínimo de 3.000 euros, que podría pasar a ser de un euro. Se debería reformar la Ley de Sociedades de Capital.

Además, la propuesta de ley expone que la directiva de digitalización (Directiva 2019/1151) obliga a los Estados miembros a que una sociedad limitada pueda registrarse online en 10 días.

En el mismo sentido, elimina la necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea.

Por ello, el Gobierno pretende modernizar el régimen aplicable a la reestructuración empresarial. Se reformará la normativa concursal, con el fin de disponer de procesos ágiles para la transformación empresarial.

Se propondrán mecanismos extrajudiciales de obligado cumplimiento para deudores y acreedores. El derecho concursal extraprocesal ganará protagonismo frente al judicial.

Todo ello será realizado mediante otros proyectos de reforma normativa para la trasposición de Directiva de insolvencia (Directiva 2019/1023).

Otro de los aspectos que pretende modificar el legislativo es reducir las cargas administrativas para las empresas en forma de una mayor sustitución de autorizaciones. Por otro lado, también podrían verse incrementados los permisos administrativos a través de declaraciones responsables.

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