El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho, han reunido durante dos días en la sede del ICAM, a representantes de las más altas instituciones jurídicas y políticas de nuestro país para analizar la situación actual de los procesos de familia y los mecanismos de protección de los menores inmersos en estos procesos. Las jornadas han sido seguidas telemáticamente por más de 6.000 personas.

El I Congreso de la Infancia y Adolescencia, como ya adelantaba José María Alonso, decano del ICAM, tenía como claro objetivo hacer tomar consciencia al legislador de que “si realmente quiere desplegar un sistema eficaz de protección de la infancia” es imprescindible “crear antes un marco adecuado, en Juzgados con competencias exclusivas y excluyentes en Infancia, Familia y Capacidad”.

Eugenia Gay, Decana del ICAB, destacaba, en esa misma entrevista, los beneficios que a su juicio tenía la especialización orgánica de la planta judicial para atender de manera específica los asuntos de Derecho de Familia: “permite ofrecer una respuesta más ágil y eficaz, e integrar al mismo tiempo el sentido de la norma conforme a la interpretación que la jurisprudencia ha hecho de la misma”.

Xavier Abel, presidente de la Plataforma Familia y Derecho, en respuesta a una de las preguntas, expresaba su deseo de que el Congreso constituyese «otro paso adelante» en pos de la consecución de la jurisdicción especializada. Y destacaba que una de las mesas organizadas fuera con representantes de los principales grupos parlamentarios, «para que puedan posicionarse ante esta generalizada reivindicación de la especialización en infancia, familia y capacidad».

Tras dos días de intensos debates en los que han participado en diez mesas más de 80 juristas y especialistas en la materia, el Congreso concluía con la presentación de sus conclusiones cuya lectura corrió a cargo de Isabel Winkels, secretaria de la Plataforma Familia y Derecho.

La primera de estas conclusiones ha sido la presentación de un Decálogo elaborado por el Comité organizador del Congreso, junto con los comités de Honor y Científico, que bajo el título “Decálogo en favor de la especialización, en el orden civil, de las materias de infancia, familia y capacidad” (disponible en este enlace) recoge sus recomendaciones para proteger a los menores en los procesos de Familia y garantizar la igualdad de acceso a la Justicia en todo el territorio nacional.

El documento parte de la necesidad de reconocer a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como “víctimas directas de los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar”, así como de una problemática específica en el ámbito escolar y social “que, al ser cada vez más compleja, requiere de una tutela judicial especializada”. Por ello, reclaman “más comunicación y encuentros” de carácter multidisciplinar y una “relación fluida y de confianza” entre los distintos profesionales que intervienen en los procesos que les afectan.

También recuerdan los organizadores que, en concordancia con la normativa supranacional y nacional, “las opiniones, necesidades, inquietudes y vivencias de los menores deben ser escuchadas en todo proceso en el que se adopte una decisión que les afecte”. Asimismo, deben ser defendidos en sus derechos e intereses legítimos ante los tribunales por profesionales especializados, especialmente abogados, fiscales. La especialización en materia de Familia, destacan los expertos, es fundamental “para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción, con independencia de su lugar de residencia”, así como para agilizar y unificar el tiempo de la respuesta judicial.

Para hacerla efectiva, los organizadores del Congreso proponen en una primera fase la redistribución de las competencias actualmente existentes de los 431 partidos judiciales. Según esta propuesta, a los 148 juzgados de familia existentes actualmente, más los 15 de incapacidades, habría que especializar 80 juzgados más hasta un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España. A estos órganos habría que adscribirles un Fiscal y un Equipo Técnico, con acceso a mediadores, Médicos Forenses, y demás recursos técnicos y personales necesarios.

Asimismo, los operadores jurídicos solicitan una reforma del sistema de declaración de desamparo, “encomendando al juez esa decisión en lugar de a las autoridades administrativas que lo tienen actualmente reconocida”, y recuerdan que la internacionalización de las relaciones interpersonales está incrementando la problemática que afecta a la infancia y a las familias, “lo que requiere un especial conocimiento del marco normativo supranacional y de los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional”.