Cada vez se encuentra más próximo el 9 de mayo, una fecha en la que previsiblemente finalizarán el estado de alarma vigente y las medidas de protección hacia los inquilinos vulnerables derivadas de esta figura. A partir de entonces, una vez que se recupere el marco normativo tradicional, los grandes caseros de España prevén que se inicien los trámites para efectuar entre 30.000 y 40.000 desahucios por impago del alquiler, una cifra conformada tanto por los casos que se han ido arrastrando durante los últimos meses como por las proyecciones de morosidad que manejan los expertos de aquí a 40 días. También entrarían en esta cantidad los lanzamientos en viviendas de pequeños tenedores.

Los grandes propietarios, a grandes rasgos, cifran entre las 350.000 y 400.000 las familias que a día de hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo el país, un abanico que, advierten, podría incrementarse ligeramente en las próximas semanas. A su vez, esperan una tasa de morosidad que para el 9 de mayo rondaría de media el 10%, aunque algunas patronales la elevan al 12% o incluso por encima del 15% debido a la lenta recuperación, a los retrasos en la campaña de vacunación, a las restricciones a la movilidad para evitar la propagación del virus y al limbo de los ERTE, a los que todavía están sujetas unas 900.000 personas.

El resultado arroja hasta 60.000 hogares desprotegidos que no podrían hacer frente al abono de las rentas. De ellos, no menos de 30.000 acabarían en desahucio según los cálculos de las empresas consultadas, que recuerdan que “el grueso dependerá de los pequeños propietarios de vivienda” (hasta un máximo de 10 inmuebles), que son los que “conforman la mayor parte del mercado”.

Todos estos hogares se encuentran hoy bajo el paraguas de medidas para la protección del inquilino vulnerable que el Gobierno decretó al comienzo de la crisis y que ha ido prorrogando, con la inclusión de moratorias hipotecarias y del alquiler, una línea del ICO para el abono de la renta, la prórroga automática de los contratos y la paralización de los desahucios de las familias más frágiles.

Fuentes del sector inmobiliario recuerdan que no todos los casos de impagos derivan en un lanzamiento, ya que pueden abrirse vías alternativas como el alquiler asequible o la concesión de préstamos. Estas fuentes, sin embargo, dudan del efecto que pueden tener los créditos, y señalan el “escaso impacto” de medidas como las líneas ICO puestas en marcha por el Gobierno para ayudar a los arrendatarios en apuros, de hasta 900 euros al mes durante un máximo de seis y con un interés cero. Así, para evitar que la sangría sea mayor confían más en las negociaciones entre caseros e inquilinos o en fórmulas como el alquiler asequible.

Unas tasas de morosidad que superen el 10% para el fin del estado de alarma no son nada desdeñables a tenor de los datos del Fichero de Inquilinos Morosos. El registro anotó a mitad de este mes de marzo –últimos datos disponibles– una tasa de impagos del 8,3%, si bien desde el fichero recalcan que el porcentaje recoge todas las incidencias, desde la morosidad total hasta retrasos puntuales en el abono de las rentas. En cualquier caso, la tasa no ha dejado de crecer desde el comienzo del año 2021, supera ya la incidencia de las primeras semanas bajo el estado de alarma del 14 de marzo de 2020 y se acerca peligrosamente a los máximos del 12,2% registrados a principios del pasado mes de mayo, en la peor época de la pandemia.

Las cifras de desahucios que prevén los expertos consultados supondrían superar los números registrados anualmente en los ejercicios previos a la crisis sanitaria y económica del Covid-19. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2017 y 2019 se anotaron unos 35.000 lanzamientos por impago del alquiler por ejercicio, un número que bajó en picado hasta los 20.000 durante el año del Covid. Entre octubre y diciembre de 2020, sin embargo, se empezaron a recuperar las cifras previas a la pandemia relativas al cuarto trimestre del año, con unos 8.000 lanzamientos.