El Gobierno es consciente del fracaso que ha supuesto en España el esquema de incentivos para alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación y ya prepara un rediseño de los mismos para favorecer el mantenimiento de los empleos de este perfil de trabajadores. Uno de estos es el perfilar una especie de cheque de un único pago que se realizaría en el momento de salida del mercado laboral, tras haber alargado la estancia en el puesto después de los 66 años -edad legal de retiro en 2021-.

La medida, modificaría el cobro de esta mejora que prevé la Seguridad Social -de un 4% más en la cuantía de la pensión por cada año de estancia ampliada- de modo que en lugar de aplicarse a la cuantía de la pensión y sumarse a la misma, esta se mantenga y se proceda a un pago único por parte del Estado previo al retiro con todo el dinero acumulado en esa mejora según los años de alargue.

La medida, que se enmarca dentro del aspecto de la reforma de pensiones que está negociando el Ejecutivo con los agentes sociales en la mesa de diálogo sobre la necesidad de aproximar la edad legal de jubilación -66 años- y la edad real, que según datos del Banco de España ronda en nuestro país los 64,5 años. Y más concretamente el rediseño de penalizaciones para la jubilación anticipada, e incentivos para demorar el retiro.

En este punto, Fedea cree que el programa de jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de una pensión en España, «debería ser rediseñado ante la falta de incentivos financieros favorables a su utilización». En un documento en el que analiza los distintos sistemas para compatibilizar pensión y trabajo, Fedea advierte de que la participación en el programa de jubilación activa será «modesta» si no se cambian algunos de sus elementos. «No parece que la participación en el programa pueda llegar a ser cuantitativamente importante. Esto es así porque, aunque tiene efectos distintos dependiendo de las características de los individuos, en la mayoría de los casos no se crean incentivos financieros favorables a su uso», apunta.

Así, destaca que sólo la versión con contrato de relevo ha tenido relevancia cuantitativa, habiendo alcanzado cifras importantes (casi un 27% en 2018) entre las altas anticipadas de asalariados. Según Fedea, las medidas para conseguir el retraso de la jubilación pasarían por eliminar las restricciones de exclusión a jubilación activa, salvo el acceso a la edad legal; permitir la extensión a edades anteriores a la edad legal; homogeneizar las cotizaciones de los jubilados activos con las del resto de los trabajadores; permitir cobros superiores al 50% para trabajadores de salarios bajos, y actualizar la pensión al final del periodo de compatibilización.

Más allá, el informe elaborado por Fedea recoge tan solo un grupo y una casuística en la que los supuestos de compatibilización de trabajo y pensión: los autónomos acogidos a la jubilación activa. De un «stock» total de 61.220 trabajadores registrados en agosto de 2020, 52.076 son autónomos (mas del 85% del total). En cuanto a la tasa de incidencia de las «jubilaciones activas» sobre las altas de jubilación (totales y de trabajadores de 65 y más años) en el régimen de autónomos. La cifra es notable: 12% en media o 14% entre los autónomos de 65 y más años. La tasa de incidencia media entre los asalariados de 65 y más años es de apenas un 0,8%.