El Gobierno ha dejado la puerta abierta a un posible aumento de la pensión máxima de jubilación tras completarse la reforma que está llevando a cabo el Ejecutivo y que en estos momentos se negocia en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos. Una medida que iría acompañada de un aumento de la base máxima de cotización y que llegaría, según los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, llegaría para la segunda mitad del próximo 2022.

Tal y como se desprende del calendario para la reforma de pensiones elaborado por el Gobierno, en un segundo bloque de medidas a abordar en 2022, el Ejecutivo llevará a cabo una revisión de la base máxima de cotización. Actualmente, esta base máxima se encuentra en los 4.070 euros mensuales, por lo que todas las rentas brutas anuales por encima de 48.850 euros cotizan en la misma cuantía a la Seguridad Social. Ahora, sin confirmar el porcentaje de subida, el Gabinete capitaneado por el ministro José Luis Escrivá confirma que se llevará a cabo una revisión de este tope, de modo que se incrementaría este nivel de remuneración a partir de cual la cotización es similar pese a la progresión de renta.

Ahora, la subida anunciada por el Ejecutivo esconde una doble maniobra: el aumento proporcional de la pensión máxima, actualmente topada en 2.707 euros mensuales, es decir, unos 37.900 euros al año. Tal y como apunta el Gobierno en un documento remitido a los agentes sociales recogiendo los compromisos adoptados con Bruselas en materia de pensiones, en uno de los puntos, el Gobierno refleja que «la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema». De modo que una eventual subida de cotizaciones a las rentas más altas iría acompañada de una revisión del tope máximo de pensión, que rebasaría la cuantía anteriormente mencionada.

Más allá, cabe recordar que el Gobierno ya aplazó esta operación a comienzos de 2020 cuando se estudiaba un avance de la base máxima de cotización para incrementar la aportación de los salarios más elevados en sus cotizaciones sociales, si bien esta se frenó de golpe con el estallido de la pandemia y el desplazamiento de las prioridades en las políticas económicas, enfocadas desde ese momento en la protección de las rentas, de los empleos y las ayudas a las empresas para evitar el desplome del tejido productivo. Ahora, con la previsión de una recuperación económica que comenzará a dar la cara en la segunda mitad de este año y que el ministerio de Economía prevé se apuntale en 2022, será entonces cuando el Gobierno retome esta medida, pactada además con Unidad Podemos en el acuerdo de coalición.

Con todo y con ello, la contribución de las rentas altas a las arcas públicas no ha hecho más que aumentarse desde la pasada crisis, y más concretamente a partir de la segunda recesión que sufrió España en 2012. Los distintos Gobiernos, y con especial intensidad el último de Mariano Rajoy, llevaron a cabo revisiones anuales paulatinas y moderadas de la base máxima de cotización en los diferentes Presupuestos Generales aprobados desde entonces. Concretamente, entre 2012 y 2021, la base máxima se ha incrementado en un 24%, pasando de 3.262,5 euros a 4.070,1 euros mensuales.

Ahora bien, si vamos al detalle de estas subidas llama la atención como el Gobierno de Pedro Sánchez, desde su llegada a la Moncloa a mediados de 2018, ha elevado esta base máxima en la mitad de lo que lo hizo Rajoy en su última legislatura. Concretamente, entre 2012 y 2018 -ultimo Presupuesto aprobado por el PP- esta cuantía se elevó en un 15%. Mientras que en los tres inicios de Ejercicio -2019, 2020 y 2021- en los que Sánchez ha estado al frente del Ejecutivo esta cotización máxima se ha incrementado en un 7%, es decir, la mitad. Si bien hay que señalar en este punto, que al menos una segunda revisión al alza hubiera sido efectuada por el Gobierno de coalición a las pocas semanas de su formación de no ser por la irrupción de la pandemia, que dio al traste con los planes del pasado año, pero que ha afectado a la ruta de medidas y reformas dibujada por el Ejecutivo en primera instancia hasta 2023.