Entre el 12 de marzo y el 31 de abril de 2020 el shock repentino y virulento que azotó a la actividad económica, que prácticamente se paralizó por el impacto de la pandemia de Covid-19, hizo que se destruyeran un millón de empleos en menos de dos meses. Esa grave contracción de la ocupación habría sido mucho mayor si el Gobierno no hubiera tomado dos decisiones en cuestión de días: facilitar al máximo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y prohibir los despidos objetivos cuya causa fuera el impacto de la pandemia.

Estas medidas laborales llegaron a sostener el empleo de 3,6 millones de trabajadores en ERTE –que además no podían ser despedidos durante los seis meses tras el ajuste, salvo pena de devolución de las ayudas– y un número indeterminado que habrían sido despedidos si la norma lo hubiera permitido. Bien es cierto que la inmensa mayoría del empleo destruido fue temporal y, por tanto, no implicó despidos, aun así, el fuerte impacto de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria podía hacer esperar un aumento de las extinciones laborales, que no se produjo, según la estadística de los asuntos judiciales resueltos en los juzgados de lo social, publicados por el Ministerio de Trabajo. De hecho, en 2020 se resolvieron en los juzgados de lo social despidos que afectaron a un total de 115.575 trabajadores, lo que supuso prácticamente un 2% menos que en 2019.

La mayoría de estos despidos (106.654) fueron de carácter individual –que también descendieron un 2%– lo que demuestra una vez más la preferencia empresarial por los ERTE frente a los despidos colectivos (ERE). Con este descenso se interrumpen dos años de aumentos en los despidos resueltos judicialmente. Y mucho más que los despidos, disminuyeron las reclamaciones derivadas del contrato de trabajo, que cayeron un 25% anual hasta las 107.960 reclamaciones resueltas. También se contrajeron un 22% las demandas relacionadas con la Seguridad Social.

Pero estos descensos de los despidos y otras reclamaciones laborales tienen que ver también con otra circunstancia menos positiva que la protección de los ERTE y la prohibición de despedir y que, por ejemplo, podría indicar la existencia de un mayor número de despidos que no han salido todavía a la luz debido a los fuertes retrasos en la resolución de los asuntos que llegan al juzgado, según las fuentes administrativas consultadas.

Una muestra de este colapso es la fuerte caída en general de los conflictos laborales llegados a los juzgados de lo social y que se han resuelto en 2020, algo que los expertos atribuyen también al colapso judicial que viven los juzgados de lo social de toda España por los cierres y limitaciones administrativas vividas en los juzgados durante los peores momentos de la pandemia. Así, en 2020 se resolvieron 282.153 casos de conflictos laborales en los juzgados de lo social (entre los que están los despidos, las reclamaciones de cantidad, los conflictos colectivos, los de interpretación de convenios o los relacionados con gestiones con la Seguridad Social), lo que representa el mayor descenso anual de la serie histórica, con casi un 17% menos que el año anterior. Esto supone también retornar a un nivel de asuntos resueltos previos a la anterior crisis financiera de 2018.

Esto apunta a la existencia de miles de casos y demandas presentadas y no resueltas hasta el punto de que empieza a haber despidos cuyo juicio se ha señalizado para dentro de dos años o incluso más, indican fuentes jurídicas que, sin embargo, precisan que no es lo habitual. En cualquier caso, los graduados sociales han advertido ya de los miles de pleitos laborales que se agolpan en los juzgados, pero, sobre todo, del aluvión que llegará en próximos meses. La estadística de 2020 ya lo sugiere, ya que tras un desplome del 63% de los asuntos resueltos en el segundo trimestre del año pasado, el número de casos se han ido recuperando y entre octubre y diciembre, las resoluciones se han incrementado un 10% respecto al último trimestre de 2019.

Pero no todos los asuntos laborales resueltos en los tribunales en 2020 descendieron, ya que los conflictos colectivos –relacionados con ERTE e interpretación de convenios en su mayoría– aumentaron un 6,5% hasta los 2.162 casos.