El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, adelantó ayer en el Congreso de los Diputados que el Gobierno destinará a las políticas de vivienda 2.000 millones de euros extras procedentes de los 10.000 millones adicionales que recibirá España de la Comisión Europea para ejecutar entre 2021 y 2023. Según confirman fuentes del ministerio, estas cuantías se utilizarán en 2022 y 2023, aunque aún no se conoce el criterio de reparto entre estos dos ejercicios.

Según detalló el propio Ábalos, 1.000 millones se destinarán a impulsar la rehabilitación de edificios, mientras que los otros 1.000 irán para incrementar el parque público de vivienda social y asequible. Todo dependerá, sostienen las mismas fuentes, de los planes que finalmente se acuerden entre España y la UE, que deberán cerrarse en los próximos meses.

A comienzos del pasado enero, Bruselas modificó el criterio de reparto de las transferencias directas que recibirán los Estados miembros provenientes del fondo de recuperación comunitario. Así, los 69.437 millones de euros comprometidos inicialmente para España para el periodo 2021-2023 se incrementaron un 15%, hasta los 79.796 millones de euros. De estos 10.359 millones extra, precisó Ábalos, 2.000 irán para la Agenda Urbana.

Esta nueva cuantía no es baladí. Solo para el año 2021, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), la vivienda contará con 2.250 millones de euros gracias al oxígeno de los fondos europeos. La cantidad presupuestada para el ejercicio que está en marcha, un año inusual debido a la crisis del Covid-19 y a la respuesta de la UE, supone un aumento del 360% respecto a las cuantías asignadas para la vivienda en las cuentas públicas de 2018, que se quedaron por debajo de los 500 millones.

Ahora, gracias a estos 2.000 millones de euros adicionales, la Agenda Urbana se asegura, como mínimo, doblar en 2022 y 2023 los presupuestos tradicionales para esta rama. Ábalos anunció este nuevo reparto tras una pregunta de la diputada del PP Ana María Zurita por su política de vivienda, en la que solicitó al ministro que respondiese si el Gobierno va a imitar la medida que ha permitido la expropiación temporal de uso a grandes tenedores de 56 viviendas vacías en Baleares.

“El Gobierno no realiza expropiaciones de viviendas”, respondió el ministro, quien aseguró que “molesta que realmente hagamos política de vivienda”, que poco a poco “han bajado los precios del alquiler”, y que el parque público impulsado por el Gobierno alcanza ya las 50.000 viviendas, contando con las del Plan 20.000 y las aportadas por la Sareb y las entidades financieras para engordar el parque del alquiler asequible.