Baleares inicia el procedimiento para expropiar el uso de 56 viviendas vacías propiedad de bancos y fondos de inversión tras más de dos años desde que se aprobó la ley balear de Vivienda, que permite esta medida. El Govern se quedará con el uso de estas 56 viviendas, que se destinarán a alquiler social, por un periodo de siete años. El acuerdo lo ha firmado el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, pero todas las gestiones las realizó su antecesor en el cargo, Marc Pons.
La ley de vivienda obliga a los llamados grandes tenedores, aquellas entidades que posean más de diez pisos, a incluirlos en un registro público. El Govern puede ejercer el derecho de uso sobre estas viviendas a cambio del pago de un alquiler a precio de mercado. El registro llegó a tener más de 1.400 viviendas, pero ahora se ha reducido a poco más de 700 porque los bancos han optado por iniciar el proceso de venta para no tener que ceder los inmuebles al Govern.
Personal de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura ha visitado los pisos para controlar que sean adecuados para incorporarlos al parque de alquiler social por sus dimensiones y características. El conseller d’Habitatge ha destacado que, con esta primera resolución, se comienza a materializar una de las iniciativas más innovadoras de la ley de vivienda balear.
«Es una medida pionera en todo el Estado. En estos momentos, aunque ya hay comunidades que tiene figuras asimilables, están en la fase de detección de los pisos y aún no se producido ninguna medida de cesión obligatoria», ha dicho el conseller. Ha añadido que la medida permite sacar pisos del mercado especulativo » para ponerlos en manos de quienes más lo necesitan».
El coste de alquiler de este primer paquete de pisos será de 1,8 millones de euros. El precio de compensación que pagará el Govern es inferior a los precios de alquiler de mercado y la referencia es el índice de precios del Ministerio, que fija el precio en 624 euros, mientras que el Govern pagará 391 euros mensuales. Los adjudicatarios de los pisos pagarán un alquiler que se adaptará a su situación económica, que no puede el 30 % de sus ingresos.
En paralelo a la expropiación del uso de este primer paquete, el Govern balear sigue una segunda línea respecto a los pisos de los grandes tenedores, con el ejercicio del derecho de tanteo y retracto cuando se produzca una venta de viviendas entre bancos y fondos de inversión. Por esta segunda vía, se prevé adquirir unos 40 pisos, para lo que hay reservada una partida de 5 millones de euros.