El Consejo de Estado ha hecho público finalmente el informe en el que analiza el real decreto ley por el que el Gobierno fijó las condiciones de gestión de las ayudas europeas en camino por la crisis del Covid-19. El documento, que la oposición había reclamado conocer asegurando que cargaba con dureza contra los planes del Ejecutivo, critica la anulación de determinados controles administrativos, reclama más supervisión y detalle sobre su coste presupuestario, pide una dotación de recursos suficiente y ve riesgo de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Con todo, pese a las advertencias, el Consejo da una “opinión favorable” al proyecto.

El documento, de 97 páginas, reconoce que la recepción de unos 80.000 millones de euros en subvenciones públicas y de algo más de 70.000 millones en créditos blandos supone “una oportunidad histórica para España” pero alerta de que “es esencial, para que la misma sea un éxito, no solo poner el acento en medidas de flexibilización, sino también en el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos”.

Esta es la principal conclusión del informe no vinculante del Consejo de Estado en su análisis sobre el “Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, cuya votación parlamentaria fue salvada por Vox frente a la oposición frontal de partidos como el PP.

El texto subraya “la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”. En este sentido, el Consejo de Ministros dio luz verde a una simplificación de los contratos de adjudicación de proyectos ligados a las ayudas europeas e impulsó sistemas de aprobación exprés de los mismos argumentando la necesidad de agilizar su ejecución a fin de reimpulsar la economía en el corto plazo.

“La Unión Europea está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos”, agrega el informe conocido este lunes. A partir de ahí, el Consejo de Estado insta a “llevar a cabo una correcta tramitación de los proyectos normativos, incluidos los proyectos de decretos-leyes, a fin de que las medidas que en ellos se adoptan estén debidamente justificadas y ponderadas”.

En este marco, reclama al Ejecutivo justificar “la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control”, solicitando que “la memoria del análisis de impacto normativo recoja, para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, una explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan”.

Es más, el Consejo solicita “un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas” así como de las “modificaciones contractuales de las nuevas unidades de obra que se incorporen a los contratos de obras, así como con la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos de obras y de responsabilidad de proyectistas y supervisores”.

De hecho, el Consejo alerta de que la norma “incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario”, que debe incluir al menos una referencia sobre los “efectos en los ingresos y gastos públicos”, los “gastos de personal, dotaciones o retribuciones” u otros pagos con fondos públicos, lo que podría causar su impugnación ante el Tribunal Constitucional.