Bruselas espera que los nuevos vientos de cooperación con Washington permitan desatascar una reforma a escala global del impuesto de Sociedades, que se está negociando en el marco de la OCDE y que supondrá una reubicación tributaria de 100.000 millones de dólares (82.000 millones de euros). Hasta que se alcance ese acuerdo, la UE quiere ir metiendo presión a las multinacionales para que paguen impuestos allí donde hacen negocio.

La Comisión Europea lanzó en 2016 una propuesta de directiva para que las grandes corporaciones tengan que realizar un striptease fiscal. De acuerdo con ese texto, las corporaciones que operen en el mercado único que facturen más de 750 millones de euros anuales deberán publicar los beneficios que obtienen y los impuestos de Sociedades que abonan país por país. Esa información, hasta ahora solo en manos del fisco de cada Estado, deberá ser pública en un ejercicio de transparencia que busca poner en evidencia dónde tributan esas compañías. Además, las multinacionales deberán detallar también sus actividades en países que estén en la lista negra de paraísos fiscales de la UE.

Los ministros de Industria de los Veintisiete volverán el jueves a examinar esa carpeta en el Consejo de Competitividad, que tendrá lugar a través de videoconferencia. Y en esta ocasión, hay una mayoría de países para sacarla adelante. La propuesta —que desde el principio ha sido respaldada con firmeza por España, Italia y Francia— ya fue examinada y votada a finales de 2019, cuando se topó con la negativa de 12 países, en especial Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Malta o Suecia.

Esos países argumentaron que la base legal de la propuesta era errónea, puesto que no era un asunto sobre industria, sino sobre fiscalidad. La diferencia entre una cosa u otra es abismal: la medida requiere de la improbable unanimidad de los Veintisiete para ser aprobada en el consejo de ministros de Finanzas (Ecofin), mientras que en el foro que reúne a los ministros de Industria necesita una mayoría cualificada —un 55% de los países miembros que representen el 65% de la población—. A la presidencia de turno de la UE, que este semestre recae en Portugal, le salen ya los números, según fuentes diplomáticas. “Todavía hay algunos países que se resisten, pero otros que tenían dudas van a respaldar la propuesta al ver que ya hay una mayoría”, sostienen estas fuentes.

“Durante el consejo de Competitividad, los ministros deberán evaluar la propuesta pactada, que integra cambios en el texto original”, afirman otras fuentes diplomáticas consultadas, que celebran el intento de sacar adelante el texto “después de cinco años de negociaciones en el consejo y un punto muerto de más de un año”. Los principales cambios están en la introducción del texto legal, donde se pone énfasis en varias ocasiones en que el propósito de ese ejercicio es el de aportar “transparencia” y “responsabilidad” para calmar los ánimos entre los socios más beneficiados por las piruetas fiscales de las grandes corporaciones.

Las mismas fuentes explicaron que la discusión de los ministros debe servir para remachar un trabajo que se viene haciendo desde hace semanas a nivel técnico. Sin embargo, los titulares de Industria no votarán todavía la propuesta el jueves, al tratarse de un consejo por videoconferencia. En caso de que la presidencia de la UE concluya que el acuerdo es posible, el expediente se remitirá a la próxima reunión de embajadores de cada país para que puedan formalizar su apoyo. Fuentes diplomáticas sostuvieron que esa cuestión no se pondrá en la agenda de los representantes hasta que termine el debate entre ministros. Una vez aprobado, el texto deberá ser negociado con el Parlamento Europeo.

El eurodiputado y coordinador de Asuntos Económicos y Monetarios del grupo socialdemócrata, Jonás Fernández, pidió a los países “valentía” para sacar adelante esa norma y recordó que “ahora que los gobiernos, con dinero público, están ayudando a las empresas a superar los efectos de la pandemia, es todavía más necesario garantizar que las multinacionales pagan lo que les corresponde”. “La aprobación del informe país por país por parte del Consejo será una victoria largamente esperada en la lucha por la justicia fiscal europea”, sostiene el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).