El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes «imponer» un control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda que negocian PSOE y Unidas Podemos, confirmando de nuevo la gran brecha que separa a los dos socios de Gobierno en materia de vivienda, principalmente en lo que atañe a las posibles fórmulas para movilizar inmuebles hacia el arrendamiento asequible.
Sobre la regulación de precios, el tema más candente de las conversaciones, Ábalos ha recordado que los dos socios tienen «concepciones distintas». Así, desde el PSOE, «creemos que es más positivo y más eficaz promover que imponer», sugiriendo que para Unidas Podemos será realmente complicado llevar a la práctica esta medida. En su lugar, Ábalos ha argumentado que prefiere optar por otras fórmulas como los incentivos fiscales. Estas discrepancias harán imposible, confirman fuentes de la cartera que dirige Ábalos, que la Ley de Vivienda llegue al Consejo de Ministros esta semana, tal y como estaba previsto tras el retraso inicial.
Tras las declaraciones de Ábalos, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, quien negocia la Ley de Vivienda por parte de Unidas Podemos, ha publicado en su cuenta de Twitter uno de los fragmentos del pacto de los dos socios: «Para cumplir con lo acordado en el acuerdo de Gobierno de coalición entre UP y PSOE, ambas formaciones han acordado regular la contención de rentas del alquiler en la Ley de Vivienda”. «Lo pactado obliga», ha reiterado Belarra.
Los dos socios de Gobierno pactaron en el acuerdo programático de 2019 «frenar las subidas abusivas del alquiler» permitiendo a las administraciones hacer uso del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler para limitar las rentas en las zonas tensionadas. En octubre de 2020, en plenas negociaciones para sacar adelante los Presupuestos, las dos formaciones acordaron regular la «contención de rentas» en un plazo de cuatro meses.
Sin embargo, ahora, desde el departamento que dirige Ábalos se decantan por otro tipo de fórmulas. El propio ministro ha señalado que hay alternativas, «y en eso estamos trabajando», para «sacar viviendas al mercado y hacerlo a precios asequibles a través de incentivos». Los más recurrentes, ha añadido Ábalos, suelen ser los fiscales, «pero también puede haber otras medidas». En su opinión, hay que evitar imponer medidas que puedan provocar «una detracción del mercado» y que muchas viviendas en alquiler se pasen al mercado de la compraventa.
Ábalos también ha querido recordar que la nueva norma debe «respetar la constitucionalidad», pues existen otros «precedentes» por los que ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional, ha señalado en clara alusión a la normativa catalana que el tribunal de garantías está analizando. La nueva ley, además, debe tener en cuenta que la vivienda «es un derecho, pero también un bien de mercado que genera actividad económica» y que «busca también seguridad jurídica».
En cuanto a los plazos para llevar la norma al Consejo de Ministros, Ábalos ha asegurado que la nueva norma «no puede ser una ley coyuntural ni apremiada por situaciones muy concretas». Así, ha pedido «entrar en lo estructural» para que «la coyuntura no nos condicione en esa ley básica de la democracia», ha dicho.
A la hora de dar incentivos fiscales a los propietarios de vivienda, Ábalos ha dejado claro que las ayudas o desgravaciones únicamente irían hacia aquellos tenedores de vivienda que pusiesen unos precios no ya por debajo de la media del mercado, sino por debajo de los índices de referencia que el Ministerio publica. “Si se incentivan fiscalmente para que se establezcan precios asequibles de alquiler, lógicamente no pueden ser los precios del mercado», ha asegurado el ministro, que ha añadido que se encuentran en contacto con el departamento que dirige María Jesús Montero, «porque para instrumentar medidas fiscales tenemos que contar con el visto bueno del Ministro de Hacienda, que aún no lo tenemos”.