Cuando aún el sector financiero, empresas y el Gobierno no han cerrado el debate sobre qué son ayudas directas y qué son simplemente ayudas sectoriales, las diferentes partes han abierto otros puntos de fricción. La banca no quiere que al final la crisis de las pymes y autónomos derivada de la pandemia se traslade en gran parte a sus cuentas de resultados. Mientras que buscan fórmulas con el Gobierno que les garantice el cobro vía bonos, o activos fiscales, como ya adelantó este periódico, de parte de las quitas que deberán llevarse a cabo en los créditos avalados por el ICO, debaten también con el Gobierno la redacción de un código de buenas prácticas.

Esta fórmula ya se ha desarrollado en otras ocasiones, como en el caso de la reestructuración de la deuda de los hipotecados con una situación económica vulnerable, firmado entre los bancos y Economía en la pasada crisis financiera. Ahora, el Gobierno y el sector intentan plasmar en un documento las diferentes vías para ayudar a las empresas viables dañadas por la crisis económica derivada del Covid. El objetivo es tener cerrado este código a primero de marzo como tarde, para presentar las distintas iniciativas de ayudas a Bruselas, para que Competencia emita un dictamen en un mes y así poder poner en práctica estas medidas en abril.

Hasta ahí todos de acuerdo. El problema se plantea, no solo en quién, cómo, por qué, cuánto y cuándo se hace frente a las quitas necesarias en los créditos avalados por el ICO en las pymes que no pueden hacer frente a sus pagos, sino en la obligación de tener que llevar a cabo estos recortes en los préstamos, cuando consideran que pueden existir otras vías antes. Más cuando la banca considera que, pese a todas las cifras que se han barajado hasta ahora sobre las ayudas que se necesitarían para salvar a las empresas y pymes, la realidad es que la cantidad “es totalmente asumible para el Gobierno”, y, por lo tanto, también para la banca.

Así, según el informe de Oliver Wyman finalizado el pasado viernes, las micropymes y autónomos, el grueso de los más afectados por la crisis sanitaria, suman un sobreendeudamiento de 5.000 millones de euros, lo que significa que las ayudas no sobrepasarían esta cifra. A ello se añaden otros 7.000 millones de euros correspondientes al resto de pymes, empresas de mayor tamaño, pero que su situación es menos acuciante que la de las más pequeñas, que si no se les ayuda ahora están abocadas al cierre, explican fuentes conocedoras de las negociaciones que se llevan entre Gobierno, Banco de España y empresas y banca.

El informe de la consultora es clave para establecer un marco estándar sobre la tipología y diagnóstico para que las pymes con necesidades de liquidez y solvencia, pero viables, puedan recibir ayudas directas o de otro tipo, como la reestructuración de su deuda. Los bancos, con el apoyo del Banco de España, mantienen que poner en marcha un nuevo código de buenas prácticas es una solución correcta. “Pero debe ser un código flexible. No están bien los automatismos”, explican fuentes del sector.