La banca se opone rotundamente al planteamiento del Gobierno de aplicar quitas a las empresas, pymes y autónomos que solicitaron los avales ICO para rebajar su carga financiera y otorgarles oxígeno para superar la crisis. Fuentes del sector financiero aseguran que de momento el Ejecutivo no ha tomado una decisión firme al respecto, pero lamentan que, pese a la resistencia de las entidades, será el Gobierno quien tenga la última palabra.
Sin embargo, las entidades optan por otra alternativa antes de la condonación de deuda. El sector está abierto a alargar las carencias de pago de los ICO y a la refinanciación de estos préstamos para dar tiempo suficiente a los clientes a coger aire hasta que puedan volver a afrontar sus compromisos. El Gobierno ya aprobó el pasado mes de noviembre ampliar la carencia de pago de estos créditos (es decir, el tiempo a partir del cual los deudores no comienzan a devolver el dinero) de uno a dos años. Asimismo, también extendió el plazo de devolución de los créditos de cinco a ocho años máximo. No obstante, las entidades estarían dispuestas a refinanciar los préstamos y extender aún más el periodo de pago, antes que perdonar parte de la deuda.
Hasta el momento, la banca ha financiado más de 115.800 millones de euros a casi 600.000 compañías, pymes y autónomos, de los que el 76% están avalados por el ICO. Aplicar una quita a estos créditos, aunque aún está por ver en qué condiciones se haría, supondría que tanto bancos como Estado incurrirían automáticamente en una pérdida por el valor de la condonación, lo que llevaría a las entidades a provisionar completamente ese dinero que van a dejar de cobrar.
Dentro del debate abierto entre el Ejecutivo y el sector financiero para llegar a un acuerdo ante la urgente necesidad de ayuda del tejido empresarial por la pandemia, fuentes políticas aseveran que, entre las compensaciones que se barajan a la banca si se les impone aplicar quitas a los ICO, estaría resarcir esta pérdida a través de activos fiscales, es decir, mediante la deducción de impuestos. Del mismo modo, otras fuentes bancarias apuntan que las exenciones fiscales también se barajan como opción de compensación a la banca en el caso de las ayudas directas. El sector se postula como vehículo a través del cual canalizar las ayudas directas a las compañías, adelantando así el dinero mientras llegan los fondos procedentes de Europa o lo inyecta el Ejecutivo, sin embargo, una opción de devolución podría ser a través de los activos fiscales.
En el ámbito de las ayudas directas, de momento las negociaciones diferencian entre empresas de un tamaño relevante y pymes y autónomos. Así, para las compañías de mayor tamaño se plantean inyecciones para entrar en el capital de las firmas o bien reconvertir los préstamos ICO en créditos participativos. En este último caso, desde AFI (Analistas Financieros Internacionales) apuntan que el repago de estos préstamos estará condicionado por la mejora del devenir de las compañías o por la entrada de inversores en el capital, aunque un segundo paso consistiría en agrupar la cartera de préstamos participativos que asumiría el ICO para su venta en mercado a inversores privados profesionales con experiencia en la gestión de este tipo de activos.
Para las pymes y los autónomos, las ayudas se realizarían a través de inyecciones directas. A pesar de que aún no están establecidos los criterios que deberán tener estos trabajadores para acceder a las ayudas, fuentes financieras aseguran que pesará mucho el ser firmas que tengan proyectos sostenibles, digitales o de formación. Por otro lado, en este ámbito se descarta que la banca juegue un papel significativo puesto que, según apuntan fuentes políticas, el Gobierno está estudiando drenar estas ayudas a través de las distintas comunidades autónomas. Asimismo, también se barajan otras medidas de alivio para este segmento empresarial en el ámbito de los alquileres.