La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reclama ayudas directas para cubrir costes fijos parcialmente recuperables, como con créditos participativos o deuda tributaria de carácter contingente, y facilitar ajustes de plantilla en empresas, eliminando la prohibición de despido en los ERTE y reduciendo penalizaciones por el incumplimiento del mantenimiento del empleo.

Así se desprende del último boletín de seguimiento de la crisis del Covid, elaborado y publicado por Fedea, que estima que, frente a los 2,9 millones de contagiados de la estadística oficial, España cerró el año 2020 con 6,5 millones de personas contagiadas y con 6,8 millones de trabajadores en situación de paro, ERTE o desanimados.

Fedea avisa de que la recuperación del empleo en las ramas productivas más afectadas por la pandemia se ha estancado o incluso retrocedido a partir de agosto, al tiempo que las actividades menos afectadas por la crisis muestran, en su mayoría, una «preocupante tendencia» a estabilizarse en niveles inferiores a su empleo pre-pandemia.

Aunque ve «necesaria «la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por el alargamiento de la crisis, cree que esta medida «no es suficiente», incluso en combinación con mecanismos de apoyo a la liquidez, para garantizar la supervivencia de las empresas viables en los sectores más afectados, por lo que pide al Gobierno que «reconsidere su posición».

A su juicio, hay que permitir que aquellas empresas que lo necesiten puedan ajustar sus plantillas, por lo que cree que debería suprimirse la «prohibición» de despido por causas objetivas ligadas a la pandemia y habría que reducir las penalizaciones por el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, de forma que estas sean «proporcionales a los despidos realizados», en vez de suponer la devolución de todas las ayudas recibidas mediante exoneraciones de cuotas sociales ante cualquier incumplimiento.

«La amenaza de tener que devolver todas las ayudas solo consigue retrasar los necesarios ajustes de plantilla en las empresas con ERTE y en algunos casos podría poner en peligro su supervivencia», avisa Fedea, que añade que la imposición de la misma penalización, «la más alta en toda Europa», en los nuevos ERTE puede producir efectos contraproducentes y llevar a las empresas a prescindir de parte de su personal incluso antes de solicitar el ERTE.

Según los cálculos de Fedea, si a los parados oficiales se le añaden los trabajadores desanimados, los subempleados y los cubiertos por ERTE, en el último trimestre de 2020 hubo 6,8 millones de personas en una situación de infrautilización, lo que supone un aumento de cerca de 1,5 millones con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Para el conjunto de España, apunta que la economía tocó fondo en mayo, con una caída de 25 puntos, iniciándose seguidamente una recuperación que comenzó a ralentizarse a partir de julio, tanto en el agregado como para la mayor parte de las comunidades, y se convierte en «estancamiento» de septiembre en adelante.