La destrucción provocada por la pandemia en términos de puestos de trabajo ha supuesto un fuerte repunte de los ingresos que recibe la Seguridad Social procedente de las prestaciones por desempleo. A mes de noviembre del pasado 2020, últimos datos disponibles de ejecución presupuestaria, el Sistema había ingresado por esta vía 8.852 millones de euros, lo que supone un 36% más lo recaudado en todo el conjunto de 2019 (6.480 millones de euros) y un 34% más de lo previsto a comienzos del pasado ejercicio, cuando se proyectó un embolso de 6.607 millones.

De este modo, el hecho de que la crisis sanitaria haya supuesto en los últimos doce meses el repunte de 710.000 desempleados, dejando la cifra total a finales del pasado mes de enero en los 3,9 millones de demandantes de empleo en nuestro país y una tasa de paro del 16,1%, así como la bolsa de casi 740.000 trabajadores que aún están afectados por Ertes han provocado que se desborden los ingresos previstos por esta vía para las arcas públicas, a través de las retenciones que aplica la Seguridad Social.

Esta cifra, más allá, se trata del reflejo financiero en la Tesorería de la Seguridad Social que implica el incremento del paro del 20% experimentado en el pasado ejercicio. Y que al igual que el avance de la pandemia, desbordó las previsiones del Gobierno sobre los ingresos que recibiría de las retenciones por estas prestaciones. De este modo, con la cifra que rebasará los 9.000 millones de euros de recaudación en el conjunto del pasado de este año, las aportaciones a las arcas públicas de los desempleados vuelven a niveles de 2013, en la anterior crisis.

No en vano, este repunte de ingresos ni esconde el destrozo de la pandemia en el mercado laboral, ni tampoco será ni de lejos suficiente para amortiguar el impacto sin precedentes de recaudación que registrará la Seguridad Social una vez se liquide el presupuesto del pasado año. De hecho, por el total de las aportaciones que recibe el sistema de diferentes conceptos y regímenes, hasta el pasado mes de noviembre acumulaban 108.186 millones de euros, lo que supone en el mismo periodo un descenso del 3,8% respecto al año anterior, cuando se sumaron 112.492 millones.

Cabe recordar, más allá, que la Seguridad Social ha sido el principal órgano protector de las administraciones públicas en los peores meses de la pandemia y que ha cargado con la mayor parte del coste de las ayudas aprobadas para conservar los puestos de trabajo afectados por la crisis sanitaria. Solo en el caso de las prestaciones en Ertes y cese de actividad de los autónomos, así como las exenciones correspondientes en ambos casos a las aportaciones a la Seguridad Social -además de las incapacidades- suman hasta el momento un coste para el Estado de 40.800 millones de euros. Y, es más, toda la factura del Covid asumida por el Estado y el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el momento alcanza un montante de 62.000 millones.

Con todo ello, según las cifras que proyecta el propio Gobierno, la Seguridad Social cerrará la liquidación presupuestaria del pasado año con un déficit del 4,1% del PIB, es decir, unos 49.000 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra del año anterior a la pandemia. Y para el este ejercicio en curso, pese a que el Gobierno inyectará 14.000 millones para afrontar gastos impropios, el Ejecutivo estima un déficit del 1,3% del PIB, es decir, más de 15.000 millones de euros.