La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiso dar “tranquilidad” a los líderes sindicales ante estos temores y garantizó que “no se va a dar derecho de veto” a la patronal y dijo que “por supuesto que el Gobierno va a legislar” si no hubiera un acuerdo. Según explicó la ministra, el diálogo social “es un proceso, no un resultado”, cuyo final puede ser que no reúna el acuerdo de todas las partes, como ya ocurrió, según recordó con las leyes de Transparencia de igualdad retributiva, en cuya redacción participó la patronal pero no se sumó al acuerdo final y el Gobierno las aprobó igualmente.

Díaz, en un encuentro virtual organizado por el diario Público, en el que también participaron los líderes sindicales y el secretario de Empleo de la ejecutiva socialista, Toni Ferrer, argumentó que el Gobierno legislará para reformar las cuestiones más perjudiciales de la reforma de 2012 por tres motivos. El primero, porque así está pactado en el acuerdo de gobierno, entre el PSOE y Unidas Podemos; el segundo, porque existe mayoría parlamentaria para sacarlo adelante; y tercero, porque así se ha comprometido el Ejecutivo con Bruselas en el marco de la petición de los fondos de recuperación.

De hecho, la ministra aseguró que la maquinaria para retomar la reforma ya está en marcha y ya se ha reunido con los portavoces parlamentarios para exponerles las propuestas del Gobierno. Asimismo, desveló que patronal y sindicatos han convenido tener un encuentro bilateral, al margen del Gobierno, para abordar “el ritmo y el abordaje de los temas” y Díaz añadió que Trabajo “será respetuoso con lo que allí acuerden”.

En cualquier caso, Díaz recordó que las negociaciones de la reforma tendrán tres fases: la primera para corregir las medidas tomadas en 2012 (eliminando la prevalencia del convenio de empresa, retomando la ultraactividad de los convenios; y acotando el poder empresarial en las modificaciones de las condiciones laborales); una segunda parte para atajar excesiva temporalidad; y una tercera para redactar un nuevo estatuto de los trabajadores que será “la gran obra” del Ministerio.

Los líderes de CC OO y UGT también perfilaron ayer sus propuestas para esta reforma, anunciando la necesidad de rediseñar los ERTE para que sean la herramienta de flexibilidad alternativa a la temporalidad y, al tiempo, restringir el despido para que este sea el último recurso.