Revés a la banca del Tribunal Supremo. El Pleno del Alto Tribunal ha determinado en una sentencia conocida este jueves que las entidades tendrán que devolver a los clientes el cien por cien de los gastos de tasación de la vivienda, ligados a la constitución de los contratos hipotecarios, si se les impuso a los prestatarios de manera abusiva o indiscriminada, es decir, si no hubo negociación entre las partes para repartir los costes.

El fallo podría suponer un golpe al sector financiero español de más de 4.000 millones de euros en el caso de que demandaran todos los clientes que tengan una hipoteca firmada antes de la entrada en vigor de la ley hipotecaria, en junio de 2019, que ya reparte los gastos entre bancos y clientes. Concretamente, las asociaciones de consumidores y usuarios financieros estiman que hay entre 7,9 y 8 millones de hipotecados que podrían beneficiarse de esta nueva sentencia.

El gasto de tasación de la vivienda suele rondar el 0,15% del valor del inmueble. Por tanto, para un inmueble de 250.000 euros, el coste de la tasación sería de unos 400 euros y para uno de 400.000 euros, de en torno a 600 euros. No obstante, las entidades podrían ver incrementada su factura por el pago de intereses.

El agujero máximo que este fallo podría suponer a la banca se traduciría en que las devoluciones se podrían comer hasta el 18% del beneficio de las entidades de los dos próximos años. Según las estimaciones del consenso del mercado de Factset, los bancos cotizados ganarán 21.300 millones de euros en los dos próximos años (9.090 millones en 2021 y 12.200 millones en 2022), de modo que el golpe reduciría sus ganancias a los 17.300 millones. Sin embargo, pese al varapalo que supone la sentencia para las entidades, el mercado no reflejó este jueves impacto alguno, y los siete bancos cotizados cerraron al alza. Los analistas consultados apuntan a que el fallo no debe afectar a la cotización de las entidades porque estas ya tienen hecho un importante colchón de provisiones para afrontar los litigios que les puedan entrar.

Las entidades han recibido en el último año una cascada de reveses judiciales. En marzo de 2020, afrontaron dos sentencias seguidas. De un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) instó a los jueces españoles a estudiar caso por caso si hubo falta de transparencia por comercializar hipotecas ligadas al IRPH. De otro, el Supremo determinó que había usura en las tarjetas revolving que aplicaran intereses notablemente superiores a la media comercializada por la banca. Además, este verano, Europa también falló que los clientes podrían reclamar devoluciones por cláusulas suelo, pese a haber llegado a un pacto con la banca.

La ley hipotecaria, que entró en vigor en 2019, zanjó la polémica en el reparto de los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario al imponer qué parte asumía cada coste. Desde entonces, la banca carga con los gastos de notaría, gestoría, registro de la propiedad, tasación de la nota simple y asume el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Los clientes pagan la tasación de la vivienda y el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.