En materia de Seguridad Social, la ficha enviada a Bruselas recoge el resto de propuestas que ya les habrían presentado a los interlocutores sociales en la mesa de reforma de las pensiones y que incluyen una nueva fórmula que garantice el poder adquisitivo de las pensiones –derogando el conocido como 0,25% actual– y que «evite las necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo», dice el documento.
Asimismo, entre el resto de estas medidas están la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social a cargo del Estado por valor de «aproximadamente 20.000 millones de euros», de los que tres cuartas partes ya han sido asumidos por la Administración Central en los Presupuestos de 2021, precisa el Ejecutivo a Bruselas. E igualmente, Escrivá incluye su plan de endurecer la jubilación anticipada, crear nuevos incentivos al retraso de la jubilación y la creación de «beneficios para las empresas que mantengan a trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad».
Junto a esta sustitución del factor de revalorización creado en 2012, el Gobierno propone a también Bruselas y a los interlocutores sociales sustituir el factor de sostenibilidad también creado en esa reforma y que nunca se ha llegado a aplicar, por «un mecanismo de equidad intergeneracional». Este nuevo instrumento hará que «los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista».
Cuando se habla de parámetros fundamentales del sistema es para referirse a dos fundamentalmente: la fórmula con la que se calcula la pensión inicial y la edad de jubilación. Por tanto, este nuevo mecanismo intergeneracional, dejaría también la puerta abierta que, por ejemplo, la edad de jubilación en cada momento –que es uno de los parámetros fundamentales del sistema– aumente si se eleva la esperanza de vida o disminuye la ratio entre ocupados y pensionistas, como está previsto que lo haga por razones demográficas. O, igualmente, podría disminuir la cuantía inicial reconocida a las nuevas pensiones si se elevara la esperanza de vida o cayera la ratio de jubilados y trabajadores en activo, tal y como ya preveía el factor de sostenibilidad que Escrivá quiere ahora sustituir.
Otra de las reformas propuestas consistiría en la «adecuación de la base máxima de cotización del sistema». Concretamente, la intención de Escrivá es eliminar, de manera progresiva, los límites en la cotización de los trabajadores con los salarios más altos. De esta forma, todo el salario que perciba el trabajador cotizaría a la Seguridad Social y, en paralelo, debería incrementar las pensiones máximas que reciben estos trabajadores para no romper la contributividad del sistema.
Entre el resto de las modificaciones que el Ejecutivo propone a la Comisión está la implantación del sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos; la modificación del complemento de maternidad de pensiones, de forma que se vincule a la interrupción de la cotización por cuidado de hijos, independientemente de si se es hombre o mujer; y la «revisión e impulso» de los sistemas complementarios de pensiones, citando la creación del «fondo de promoción pública de libre adscripción» que ya recogen los Presupuestos de 2021.