El Gobierno ya ha remitido a la Comisión Europea las 30 fichas que recogen las líneas generales de los proyectos de inversión y reformas que estructuran el plan de recuperación por el que España opta a más de 140.000 millones de euros, tal y como confirmó ayer al término del Consejo de Ministros la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En estos documentos, adelantó la también portavoz del Ejecutivo, no se ha incluido finalmente la propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 25 a los 35 años, uno de los puntos más polémicos de la reforma.

De la treintena de fichas, 28 ya estaban en manos de la Comisión, pero las dos últimas, que resumen las futuras reformas laboral y de pensiones, se hacían esperar debido a los roces que su negociación está produciendo tanto en el Ejecutivo como en el diálogo social. Finalmente, dijo Montero, el esbozo en materia laboral está en sintonía con lo pactado en el acuerdo programático de Gobierno firmado en diciembre de 2019. En lo que respecta a las pensiones, el texto enviado “no tiene ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe” en relación al cálculo, que fija el periodo en los 25 años.

Montero añadió que el objetivo del calendario de reformas en materia de pensiones pasa por garantizar el sostenimiento del sistema en el medio y largo plazo, y sobre los documentos enviados recalcó que, siendo un borrador, todavía hay que esperar a la opinión de la Comisión y al debate en el marco del diálogo social. “No me habrán oído hablar de elevar el cálculo de la pensión a 35 años”, sostuvo más tarde el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirmando que la medida no ha sido incluida en la reforma remitida a Bruselas.

En su lugar, detalló, se ha enviado a la UE un paquete de medidas que buscan “garantizar la sostenibilidad, suficiencia y equidad” del sistema de pensiones traspasando a Hacienda los gastos impropios; impulsando una batería de medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal; incluyendo trabas a los retiros anticipados; garantizando el poder adquisitivo del pensionista (lo que podría hacerse sobre periodos de varios años en lugar de uno); con medidas para cerrar las brechas generadas a mujeres y jóvenes o haciendo que los autónomos coticen por sus ingresos reales.

Este último punto espera tenerlo vigente ya en 2022 (al menos para una parte del colectivo), mientras que el resto de la reforma de las pensiones, a tramitar en dos fases, confía en remitirla al Parlamento, e incluso en lograr aprobarla, este mismo año, una vez sea debatida con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, detalló que la reforma laboral se compone de 17 reformas estructurales divididas en varios bloques que incluyen la reformulación de las políticas activas de empleo; la de la formación; la modernización del mercado de trabajo; y la reforma de la negociación colectiva, marco en el que avanzó que se dará cumplimiento al acuerdo de investidura para revertir los aspectos más lesivos de las reforma de 2012, retomando la ultraactividad, entre otros factores. Escrivá apostilló que también se promoverán los ERTE como instrumento de flexibilidad laboral habitual. El objetivo, dijo Díaz, es modernizar un sistema con un “tasa de paro estructural inaceptable y una tasa de temporalidad no asumible”.