El consenso entre patronal y sindicatos en torno a los beneficios de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) como fórmula para proteger el empleo durante la pandemia y sobre la necesidad de volver a extenderlos, al menos, hasta primavera, tiene una importante fuga alrededor de los despidos.

Según los sindicatos, el veto a aplicar ajustes durante un periodo de seis meses tras beneficiarse de un ERTE, so pena de que el empresario tenga que devolver todas las ayudas públicas que haya comportado su aprovechamiento, es un escudo laboral fundamental para evitar que estos expedientes acaben transformándose masivamente en despidos colectivos (ERE). La patronal lo ve como una inasumible factura para los empresarios que, pese a haber mantenido vivos esos puestos de trabajo durante meses de dura recesión económica terminen siendo incapaces de sostener los niveles de empleo precrisis.

“Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que [si despiden] se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más”, defendió el viernes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, defendió como necesario que en la prórroga de los ERTE se cumpla lo acordado hasta ahora, manteniendo el veto a despedir durante seis meses. Álvarez reclamó al Gobierno que en este asunto “no saque ningún conejo de la chistera” y a la CEOE, que “sea una patronal europea y que no pida nada que no piden sus colegas de otros países europeos”. En este sentido, el líder sindical argumentó que en bastantes países de la Unión Europea “la prohibición de despedir después de un ERTE se extiende un año, no seis meses como en este país”,