En medio del largo debate acerca de si España será capaz de absorber los 140.000 millones de euros que recibirá del fondo de reconstrucción comunitario, ideado para relanzar la economía tras los estragos del coronavirus, llegan buenas noticias desde el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el órgano de la Unión Europea (UE) que concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos del club de los 27. A finales del pasado 2020, el último consejo de administración del año del banco con sede en Luxemburgo confirmó que España cierra el ejercicio en el primer puesto por número de proyectos aprobados por socio, con una movilización conjunta de unos 12.000 millones de euros.

En total, se les ha dado luz verde a 64 iniciativas. Se trata, explican fuentes conocedoras de estas operaciones, del 16% de la movilización total, algo por encima del presupuesto obtenido por Italia y muy por delante del que ha ido a parar a Francia, en tercer lugar. El año pasado, por contextualizar las cifras, España fue capaz de movilizar unos 9.000 millones. Ha habido dos razones principales que explican el aumento de casi 3.000 millones entre un ejercicio y otro, prosiguen las mismas fuentes. A un lado se encuentran todos los proyectos vinculados a contrarrestar los efectos en la economía de la crisis sanitaria, que copan el 21% de todas las iniciativas españolas por un cómputo total de 4.700 millones de euros y se centran sobre todo en otorgar liquidez a las empresas y administraciones.

Al otro lado están los proyectos que nacen al amparo del Fondo Paneuropeo de Garantías, validado recientemente por la Comisión Europea y en el que las operaciones españolas suponen el 27% del total, por otros 2.150 millones. Entre otros, confirman las fuentes consultadas, se han aprobado operaciones con Santander, BBVA, Caixa, Bankia, Sabadell y Banca March. La mayoría de estos proyectos, según los datos del BEI, nacen en forma de líneas de crédito para asegurar la capitalización de pequeñas y medianas empresas, principalmente.

También ha habido hueco, no obstante, para financiar las diferentes políticas autonómicas lanzadas para hacer frente a la crisis sanitaria. Así, según la información del BEI, también se han aprobado proyectos sanitarios de los gobiernos regionales de Galicia, Navarra y Madrid por unos 1.200 millones de euros en total. A su vez, se ha dado luz verde a otros 1.200 millones para un programa destinado a financiar inversiones en el contexto de la respuesta por parte de España y Portugal a la pandemia, así como gasto a medio y largo plazo en hospitales públicos y otras infraestructuras sanitarias con el objetivo de fortalecer los sistemas públicos de salud.

Dejando a un lado la crisis del Covid-19 y la necesidad de obtener liquidez por parte de compañías y administraciones, el BEI también ha financiado proyectos de diversa índole con el ayuntamiento de Barcelona, con el Gobierno del País Vasco, con Adif o con Iberdrola, entre otros. Buena parte de ellos, algunos aprobados en el mes de febrero, antes de la irrupción de la pandemia, están vinculados con la transición verde en la que está inmersa la UE, ya sea con proyectos de reducción de emisiones o de plantas fotovoltaicas o de energía eólica.