La financiación del programa de renta mínima que está tramitando en la actualidad el Congreso de los Diputados a instancia de los sindicatos CC OO y UGT y de toda la oposición parlamentaria, supondría un coste adicional para las arcas públicas de entre 6.000 y 13.000 millones de euros y que podría elevarse por encima de los 15.000 millones, según ha calculado hoy José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En su comparecencia de esta mañana ante la comisión de Empleo que tramita esta proposición de ley, Escrivá ha pedido cautela ante estos cálculos, pero ha asegurado que su financiación elevaría el déficit público por encima del 3% en 2019 y 2020 con lo que España volvería a incumplir el objetivo de déficit que exige Bruselas, «y quedaría fuera de la senda de consolidación», ha explicado.

La previsión actual de la Airef es que dentro de tres años, sin introducir esta renta, España tendría un déficit estructural cercano a los dos puntos del PIB. Dicho déficit se descompondría en 2,5 puntos generado por el Estado y la Seguridad Social que se compensarían con un superávit estructural de 0,5 puntos de comunidades y ayuntamientos. Pues bien, según Escrivá, la introducción del programa de renta mínima diseñado en la proposición de ley añadiría entre 0,5 y 1,5% del PIB al citado déficit estructural del 2%, con lo que podría llegar al 3,5%. Además, esta renta tendría también un «notable impacto en la senda de deuda», ha dicho.

Para el responsable de este organismo independiente encargado de auditar las cuentas públicas españolas, antes de sacar adelante una iniciativa legal como la que se está tramitando en el Congreso para implantar un sistema estatal de rentas mínimas se debería «hacer un análisis integral; que incluyera un estudio de la evidencia internacional y una estimación prospectiva del impacto de las distintas enmiendas a esta ley, que no sean estos cálculos rápidos que hemos hecho desde la Airef en dos o tres semanas».

Escrivá ha insistido en la necesidad de hacer estudios, que ahora no existen, «estrujando» al máximo los microdatos «que sí existen» sobre las situaciones de los posibles beneficiarios. Según sus cálculos y en función de los requisitos de la iniciativa que se está tramitando dichos beneficiarios estarían en el entorno de los dos millones de personas. Si bien este colectivo disminuiría a entre 1,3 y 1,5 millones cuando se aplicara la exigencia de no superar los ingresos del 75% del IPREM por miembro de la unidad familiar.

A preguntas de los diputados, el presidente de la Airef ha indicado que, en su opinión, la Administración que debería gestionar una renta mínima si esta saliera adelante, serían los Ayuntamientos, «tal y como refleja una experiencia abrumadora en Europa». Si bien ha precisado que el diseño de esta gestión debería incluir «corresponsabilidad fiscal»; porque, según ha explicado «si tú le das la responsabilidad de gasto a una Administración y no de ingresos, al final deriva en una gestión imperfecta y no del todo plena».